El TSJ de la Comunidad Valenciana investigará un posible delito electoral en el PP en 2007

  • El alto tribunal valenciano asume la investigación de una parte de la trama Gürtel, como el delito electoral en las elecciones autonómias de 2007, la falsedad mercantil en las elecciones generales de 2008, el delito por prevericación y cohecho en las adjudicaciones de la Generalitat a la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, para la participación de Fitur entre 2005 y 2009
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El caso Gürtel salta de nuevo a Valencia. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido asumir la investigación de parte de la trama del caso Gürtel, en concreto de un posible delito electoral en las elecciones autonómicas y municipales de 2007.

En un auto de 62 páginas, la Sala de lo Civil y de lo Pena de este tribunal se ha declarado, tras reunirse hasta en cuatro ocasiones, competente para investigar una posible falsedad en documento mercantil en las elecciones generales de 2008.

Otra de las investigaciones que va a llevar a cabo el TSJ de la Comunidad Valenciana está relacionada con un posible delito de prevaricación y cohecho de la Generalitat al adjudicar a Orange Market (empresa que dirigía uno de los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, el Bigotes) los contratos para organizar el expositor de la Comunidad Valenciana en las ferias de Fitur entre 2005 y 2009.

Sin embargo, el tribunal ha decidido que no es competente para investigar otro tipo de adjudicaciones de la Generalitat.

No es competente

La Sala ha decidido, "en principio, y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción", no incluir al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al considerar que en la resolución de inhibición y el escrito fiscal en la que se integra "no se le incluye nominalmente" y cuando se alude a él, se hace "de forma más bien accidental".

Además, en la Comunidad Valenicana no se va a investigar al ex director general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación en los contratos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006.

Tampoco investigará un posible delito fiscal de Orange Market y otras sociedades, ya que considera que esta causa estaría conectada con lo que ya se está investigando en Madrid. Además, la Sala recalca que este delito está atribuido a personas aforadas.

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