El TSJM suspende de nuevo el concurso de los hospitales de Madrid

Madrid, 11 sep.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado hoy nuevamente la suspensión cautelar del proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos tras un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).

El TSJM ha dictado un auto con la suspensión cautelar de la externalización, que se suma a la que ya acordó la semana pasada el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid.

El propio TSJM había interrumpido ya provisionalmente el proceso en el mes de julio, aunque finalmente levantó la suspensión al no admitir un recurso interpuesto en ese caso por el PSM.

Según el auto de hoy, al que ha tenido acceso Efe, la modificación del sistema de gestión "es de unas dimensiones tan extraordinarias (...) que harían muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso, volver a la situación anterior".

Por ello, acuerda suspender la resolución de la Consejería de Sanidad del 30 de abril que hacía pública las condiciones del pliego de licitación del concurso, modificada posteriormente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid a través de una corrección de errores que disminuyó en un 90 % los avales económicos que debían presentar las empresas.

Contra esta resolución del TSJM, se puede interponer un recurso de reposición en el plazo de cinco días.

La Consejería de Sanidad ha asegurado este auto no versa sobre el fondo de la cuestión, por lo que el proceso sigue pendiente de la decisión de los tribunales.

Según Sanidad, la adjudicación a tres empresas de la gestión de estos seis hospitales ha generado una serie de decisiones judiciales a favor y en contra, con un "carrusel", que ocasiona "gran confusión" e "inseguridad jurídica" y afecta a las sostenibilidad del sistema sanitario y a terceros.

"Seguimos pensando que la externalización no es solamente plenamente legal, sino que está plenamente amparada en las leyes que expresamente prevén esta fórmula", ha agregado la Consejería.

Sin embargo, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha manifestado su convencimiento de que esta suspensión cautelar significa que el proceso "ha muerto definitivamente".

Gómez ha instado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a desistir de continuar con el proceso.

En esta misma línea, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno regional "la paralización definitiva de la privatización" y ha advertido al consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, de que "de persistir" el proceso de externalización "podría estar bordeando la prevaricación".

Igualmente, AFEM ha expresado su satisfacción por la decisión del TSJM y, en declaraciones a Efe, su portavoz, Fátima Brañas, ha exigido la retirada inmediata de las empresas gestoras, porque, ha dicho, "en estos momentos su papel dentro de los hospitales públicos es ninguno".

En este sentido, tanto Ribera Salud, adjudicataria de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y del Sureste (Arganda), y Sanitas, que encabeza la unión temporal de empresas adjudicataria del Hospital del Henares, han confirmado que no celebrarán nuevas reuniones de preparación.

El grupo Ribera Salud ha anunciado que "de momento" no mantendrá "más reuniones preparatorias" ni "reuniones internas en los hospitales".

Por su parte, fuentes de Sanitas han explicado a Efe que se abrió en el Hospital del Henares el 2 septiembre "una oficina de gestión laboral", pero, tras conocer la suspensión cautelar ordenada el día 3 de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, la cerró y no ha vuelto a "avanzar en el proceso".

Las mismas fuentes han reconocido que esta nueva suspensión del TSJM supone "un trastorno" para sus planes y que este "no es un escenario ideal".

Además, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP) de Madrid ha reclamado la dimisión de Fernández-Lasquetty, ya que cree que "no es posible encajar tantos y tan sonoros fracasos".

En opinión de la ADSP, se está demostrando que la actuación de la Consejería de Sanidad ha sido "prepotente, chapucera y de continuo desprecio a las normas y procedimientos legales".