El tsunami político pone en jaque las reformas y el reparto de los fondos UE

El terremoto político en Madrid, Murcia y Castilla y León ha provocado que la distancia entre PSOE y PP se agrande aún más. La sensación que existe tras un día de infarto tanto en Ferraz como en Génova es de "guerra total". Está en juego el Gobierno de la locomotora económica de España (el 19,3% del PIB), la autonomía que más quebraderos de cabeza da al Gobierno central en diversos aspectos y el principal ejecutivo en poder de Pablo Casado. El pacto para renovar el Consejo de Administración de RTVE fue una excepción. El del CGPJ se aleja. A partir de ahora, los puentes entre Pedro Sánchez y Pablo Casado que se tendieron tras las catalanas del 14-F quedan dinamitados. La consecuencia directa es que el Ejecutivo ve bloqueada, al menos por un tiempo, la estrategia de "mano tendida" que estaba impulsando Moncloa y eso tendrá sus consecuencias en las medidas económicas que tienen que ponerse en marcha. 

Lo verbalizaba el propio Sánchez en la sesión de control al Gobierno de este miércoles dirigiéndose a Casado desde su escaño: "Usted tiene dos caminos, el camino de la moderación o el de la perdición; tiene que dejar de ser el aperitivo de lo que viene luego, tiene que hacer una oposición útil; la mano sigue tendida, señor Casado". Nada hacía presagiar que su secretario de Organización, José Luis Ábalos, tenía pactada con Inés Arrimadas presentar una moción de censura en Murcia para derribar al Gobierno de Fernando López Miras con Ciudadanos. En el PP lo sabían desde el martes, pero esperaron acontecimientos. Los dos principales partidos se sumen a partir de ahora, de nuevo, en una etapa preelectoral que enfría los 'pactos de Estado'.

En las próximas semanas y meses están en juego leyes y decisiones de gran calado en materia económica, algunas de ellas que podrían haber contado, llegado el caso, con la colaboración del PP. Era el deseo de Bruselas, que en la negociación con el Gobierno para acceder a los fondos europeos ha exigido acuerdos duraderos en el tiempo y compromisos concretos. Las reformas, de esta forma, tendrán que ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado en un momento determinado o, en caso contrario, las ayudas podrían retenerse y hasta recortarse. El escenario político, sin el concurso del PP, obligará a Moncloa, por tanto, a recurrir a la aritmética parlamentaria y a afinar sus medidas si quiere sacarlas adelante en el Parlamento. La partida política, en definitiva, es a partir de ahora otra muy diferente. 

Problemas con las reformas

Una de las reformas que podría haber visto un 'pacto de Estado' entre el Gobierno y los populares es la de pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad Social continúa afinando la polémica ficha 30 para poder conseguir un acuerdo y hasta la fecha lo estaba haciendo en un contexto de cierta sintonía con el PP. No lo tendrá nada sencillo a partir de ahora. Ya ha tenido que retirar la propuesta para elevar a 35 años el periodo de cálculo de las prestaciones y hay problemas  con el factor intergeneracional. El acuerdo en pensiones tendrá que llegar por los socios de Presupuestos (ERC, PNV o EH Bildu, entre otros) o por Ciudadanos, que desde este miércoles da un nuevo paso como socio temporal de Sánchez en el Congreso. No es lo que quiere Bruselas, que ya ha trasladado al Gobierno su preferencia por que los cambios en este ámbito se pacten con el principal partido de la oposición para evitar una espiral de reformas del sistema según quien gobierne.

La ruptura total entre PSOE y Unidas Podemos también complica el reparto de los fondos entre las comunidades. En total, las administraciones autonómicas y locales gestionará en 2021 el 58 % de las ayudas europeas, de ahí la importancia de que la distribución del 'maná' comunitario se realice en condiciones de estabilidad y entendimiento. La incertidumbre, por tanto, no ayuda y eso podría provocar un retraso en las convocatorias, licitaciones, resoluciones y ejecución de las ayudas. Un retraso que perjudicaría a todos.

Tanto desde el Palacio de la Moncloa como desde el Ministerio de Hacienda ya se ha advertido a las comunidades autónomas que se va a ser extraordinariamente estricto en la gestión de los fondos europeos y que una ejecución insuficiente o un incumplimiento de los plazos previstos se traducirán de forma inexorable en un recorte de los fondos destinados a las unidades gestoras, ya sean ministerios, comunidades autónomas o ayuntamientos, encargadas de administrar los diferentes proyectos. El Gobierno ya ha decidido que las transferencias a las comunidades autónomas se van a efectuar a través de 'convenios-marco' en los que se establecerá de forma explícita los objetivos a alcanzar y el plazo en que éstos deben conseguirse. Si se incumplen, se cortará el grifo de la financiación europea para esos proyectos, remarcan.

El Gobierno central tendrá que entenderse con los diferentes ejecutivos autonómicos en la Conferencia Sectorial de gestión de los fondos europeos. Ahí se sentarán los consejeros de Hacienda poniendo en práctica un teórico sistema de cogobernanza donde Madrid pretende hacer alzar su voz. Comenzarán a reunirse, para complicar aún más la situación, en un periodo preelectoral a la espera de la convocatoria prefijada para el 4 de mayo.

La 'reforma fiscal': material electoral de alto voltaje

Y por supuesto...los impuestos. La ofensiva política del Gobierno contra el 'oasis fiscal' de la Comunidad de Madrid, que Podemos quería reactivar aprovechando una enmienda de ERC al proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude, se convierte ahora en material de alto voltaje en un contexto preelectoral. Se trata probablemente de la gran 'zona de confort' del PP madrileño y de uno de sus principales vectores de respaldo electoral. Mientras que en un contexto de estabilidad política la cuestión podía gestionarse desde el Gobierno Central con cierta solvencia en un entorno pre-electoral el debate fiscal se vuelve resbaladizo.

Hasta la fecha el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado cualquier excusa para visibilizar la intención del Gobierno de Sánchez de subir los impuestos a los madrileños y coartar la autonomía fiscal del Gobierno regional. Si el equipo de Isabel Díaz Ayuso optara por convertir las elecciones entre otras cosas en un plebiscito sobre el marco fiscal de la Comunidad de Madrid, el resultado del proceso podría inhibir los planes de María Jesús Montero y Pedro Sánchez no solo de forzar a golpe de BOE un cambio en la normativa fiscal de la Comunidad de Madrid sino incluso de abordar la esperada reforma de la financiación autonómica.