La fiscal general del Estado se ha visto envuelta en una nueva polémica, pero esta vez no ha sido por su gestión. El 'premio' del Gobierno a ascender a Dolores Delgado directamente a fiscal de Sala del Tribunal Supremo, una vez cese de su actual cargo, ha hecho saltar las alamas en el ámbito político, pero sobre todo en el seno de la Fiscalía, donde se ha llegado a tachar la propuesta de "inaceptable" y de "despropósito" por facilitar que adquiera de forma directa la máxima categoría de la carrera. A todo ello se han sumado las dudas de si el Ejecutivo de Pedro Sánchez está preparando "una salida" a la que anteriormente fuera su ministra de Justicia o si la medida se trata de un "pago de favores".
A Delgado aún le quedan dos años más al frente de la Fiscalía General del Estado. Fue nombrada en febrero de 2020 y la duración del mandato es de cuatro años. Sólo puede ser cesada por causas contempladas en la ley y, en todo caso, su labor acabaría con el Gobierno que la propuso. No obstante, diversas especulaciones sobre el futuro de la fiscal han empezado a surgir después de que el PSOE presentara 'in extremis' una enmienda a la Ley Concursal -que se encuentra en trámite parlamentario- para modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de que aquellas personas que ocupen la jefatura del mismo, y procedan de la carrera fiscal, obtengan la categoría de fiscal del Sala del Tribunal Supremo una vez dejen el cargo.
"¿Estamos ante la antesala del cese de la fiscal general del Estado?", se preguntaba en Twitter el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Fernando de Rosa. Una hipótesis que no se descarta tampoco en el seno de la Fiscalía, pues la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria de la carrera- también sospecha que el objetivo de realizar esta reforma con premura y de forma "silenciada" sea resolver el futuro de Delgado creando una "solución ad hoc". Misma opinión sostiene la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) que cree que existe "cierta urgencia" en el Gobierno para "proporcionar una salida" a la máxima responsable del Ministerio Público, lo cual hace "ahondar en la politización" de la institución, lamenta.
Por su parte, fuentes de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) consultados por La Información tratan de rebajar la tensión sobre el asunto. Según subrayan desde la asociación a la que perteneció Delgado antes de entrar en política, la propuesta que se ha dado a conocer vía enmienda ya fue planteada por el Consejo Fiscal en 2019. Recuerdan así que el órgano consultivo de la Fiscalía advirtió entonces que el ascenso a fiscal de Sala para aquellos fiscales generales del Estado que no cuenten con dicha categoría debería hacerse por ley.
Aún con todo ello, la enmienda ha abierto otro debate paralelo al incluir en ella que el fiscal general pueda informar por escrito al Gobierno, "por su propia iniciativa o cuando éste lo interese y siempre que no exista obstáculo legal", sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de "especial transcendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer". Hasta ahora la redacción vigente señala que la comunicación entre Ejecutivo y Ministerio Fiscal tendrá lugar cuando el primero lo solicite. Por ello, desde el PP apuntan que la intención de Sánchez es imponer "más control" sobre la Fiscalía. En la misma línea se expresa la asociación mayoritaria de la carrera que denuncia que "esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno".
Algunos precedentes
En cualquier caso, de salir adelante la reforma, que no parece que vaya a recabar los apoyos del resto de grupos parlamentarios, ni siquiera de Podemos, socios del Gobierno de coalición, Delgado sería la primera en disfrutar esta promoción directa. Su antecesora en el cargo, María José Segarra, también escaló a la primera categoría tras dejar la sede situada en el Palacio de Marqués de Fontalba, si bien existen diferencias. Su ascenso obtuvo previamente el 'visto bueno' del Consejo Fiscal -cuyo criterio es preceptivo pero no vinculante- y la fiscal en cuestión volvió a su plaza en Sevilla hasta conseguirlo. Este es el precedente más reciente, aunque se dio otro anterior en 1997 con Juan Ortiz Úrculo, quien también se puso al frente de la Fiscalía General del Estado teniendo una posición de segunda categoría, según recuerdan fuentes fiscales.
Sin embargo, el breve pasado político de la actual fiscal general le persigue. Es por ello que varios miembros de la cúpula fiscal le han instado en algunas ocasiones a que se abstenga de conocer cualquier asunto que pueda estar relacionado con partidos políticos. Delgado saltó de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde ejercía como coordinadora contra el terrorismo yihadista -labor por la que sus compañeros siempre le han otorgado un gran reconocimiento-, a ministra de Justicia del primer Gobierno de Pedro Sánchez, en 2018.
En los primeros meses su nombre se vio salpicado por los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo, principal investigado en la macrocausa 'Tándem'. Entre la decenas de archivos se encontraba una conversación que habría tenido lugar en 2009, en el restaurante madrileño Rianxo, al que Delgado acudió acompañando al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, su actual pareja sentimental. En dicha charla se habrían manifestado comentarios que no fueron de agrado para sus compañeros de la carrera judicial y fiscal. La entonces titular de Justicia aseguró que las cintas estaban manipuladas y que nunca se había citado con el polémico policía para tratar temas profesionales.
Del Ministerio de "trinchera" a la Fiscalía
Una las controversias más destacadas de su paso por el Palacio de Parcent -sede del Ministerio de Justicia- fue el cambio de postura que ordenó a la Abogacía del Estado en la causa del 'procés' independentista de Cataluña, promoviendo la acusación por sedición -delito por el que el Supremo finalmente condenó a nueve de los 12 acusados- en vez de rebelión, como parecía ser la intención inicial. Ello motivó que el actual portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, quien se encargaba de este caso, abandonara los servicios jurídicos del Estado.
No obstante, cabe destacar que su Ministerio de "trinchera", como lo definió la propia Delgado en su toma de posesión, mantuvo un papel protagonista en algunos 'proyectos estrella' del Ejecutivo socialista, como la recuperación de la Memoria Histórica. También atendió algunas de la principales reivindicaciones de jueces y fiscales como la derogación del sistema "presidencialista" del próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que implantó el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón; o los inicios de los trabajos para modificar los límites temporales para los plazos de instrucción, que remató su sucesor en el Ministerio, Juan Carlos Campo.
Dos años más tarde, en 2020, Sánchez descartó que volviera a formar parte de su Consejo de Ministros y Delgado tampoco optó por volver a ponerse la toga. Así, fue elegida como diputada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, si bien no le dio tiempo a ejercer como tal, ya que fue nombrada fiscal general del Estado. Esta designación fue objeto de polémica y los partidos de la oposición la impugnaron ante el Tribunal Supremo, órgano que en octubre de 2021 ratificó el nombramiento al entender que las formaciones políticas no tienen legitimación para recurrir este tipo de decisiones del Ejecutivo.
El Tribunal Supremo ratificó el nombramiento de Delgado como fiscal general del Estado al entender que los partidos políticos no pueden recurrir las decisiones del Gobierno.
Así las cosas, desde su nombramiento como fiscal general del Estado algunas de las decisiones han sido muy cuestionadas. No tanto por la postura que ha defendido el Ministerio Público en distintas causas en las que se han visto involucrados miembros del Gobierno, pues cabe recordar que Delgado tiene la obligación de mantenerse al margen de éstas por su etapa política; o en otras, como el 'caso Tándem', donde no solo hay antiguos políticos implicados, sino también por su cercanía a Garzón, cuyo despacho de abogados ejerce la defensa de algunos investigados. Más bien, es objeto de duras críticas por su política de nombramientos, que ha sido llevada ante el Tribunal Supremo, la cual ha sido tachada de "sectarista" por beneficiar a los miembros de la UPF para acceder a los puestos más altos.
Así lo ha reiterado la Asociación de Fiscales, que ha pedido varias veces su dimisión y actualmente mantiene dos pugnas judiciales abiertas contra la fiscal general del Estado: uno por no convocar en plazo la constitución de la Comisión de Ética; y otro, por no darle acceso al expediente del denominado 'caso Stampa'. Precisamente, este último asunto es uno de los que más ampollas ha levantado al equipo de Delgado, después de que Ignacio Stampa, uno de los fiscales que impulsó el 'caso Villarejo', no obtuviera una plaza fija en Anticorrupción tras abrirle una investigación interna por revelación de secretos, y cuyo cierre se sospecha que se dilató de forma intencionada.
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