El voto emigrante, el factor decisivo que perdió su fuerza en Galicia

Evaristo Amado

Santiago de Compostela, 15 oct.- Los votos de los residentes en el exterior no resultarán en estas elecciones gallegas ni de lejos tan decisivos como en anteriores ocasiones, y tanto el PP como el PSOE coinciden en que la "excesiva" antelación con que el nuevo sistema impone solicitar el voto lamina la participación.

El colectivo de ciudadanos en el extranjero es especialmente importante en Galicia -397.284 personas, un 14,73 % del censo total-, pero de ellos, según datos actualizados hasta el 1 de octubre, sólo han solicitado participar en los comicios del domingo 23.422 gallegos, cifra que queda muy lejos de los 76.024 votos válidos de 2009, según datos de la Oficina del Censo Electoral.

Hasta ahora, la elección de los ciudadanos ausentes fue decisiva en Galicia, donde el sufragio en el exterior restó en 2009 un diputado al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y en 2005 llegó a poner en peligro la mayoría que permitió gobernar conjuntamente a PSdeG y BNG, al quedar el hoy fallecido Manuel Fraga a 6.317 votos de revalidar el cargo.

Pero esta vez se prevé que su repercusión en el resultado final sea menor como consecuencia de la obligación de rogar el voto, que implica que desde que el sistema se instauró -en enero de 2011- la junta electoral no remite de oficio la documentación necesaria para votar. En esta ocasión los censados tuvieron hasta el 22 de septiembre para solicitarla.

Más allá de la complejidad del sistema rogado, fuentes del PP y PSOE se quejan a Efe de que los plazos son diferentes en el exterior, donde todo ocurre con antelación -el plazo de votación por correo finaliza mañana, martes día 16 y el de votación presencial el viernes, día 19-, por lo que es más difícil la promoción de sus candidatos.

Una "precampaña silenciosa" en España en la que no se puede pedir el voto y una excesiva antelación resultado de una legislación "excesivamente garantista" dificultan la tarea de los partidos, explica a Efe el secretario ejecutivo del Partido Popular en el Exterior, Alfredo Prada.

Desde el PSOE, Miriam Herrero, secretaria general en Europa, indica que "cuando empieza la campaña en Galicia", en el resto de países los ciudadanos "ya han tenido que rogar el voto, y si no lo han hecho antes no pueden votar".

Ambos inciden en que fuera de España, además de pedir el voto para una siglas, hay que reclamar a la gente -que está "enfadada" por el nuevo sistema y a veces ni lo conoce- que se inscriba en el censo y haga el esfuerzo de votar.

"Pensamos que lo del voto rogado ha sido un error garrafal", indica Herrero, mientras Prada remarca que el PP ha promovido en su último congreso una iniciativa para equiparar el sistema de voto de la emigración con el de los residentes -voto en urna en los consulados y posibilidad de votar por correo-.

Entre otras contrariedades del modelo actual, Prada cita los malos sistemas de correo en determinados países, el escaso uso de la tramitación por internet por parte de un censo de edad avanzada y los costes del correo certificado y el fax, por lo que aboga por un sistema intermedio, que garantice seguridad de voto y participación.

Distinta opinión sostiene el BNG, la formación tradicionalmente menos beneficiada por los votos del exterior, cuya responsable de campaña y secretaria de Organización, Montse Prado, cree que la obligación del voto rogado aprobada en 2010 es un "avance muy tímido", y aboga por trabajar por la "limpieza real" con la máxima de que "quien reside, decide".

Prado apuesta porque los residentes ausentes con "vinculación territorial" tengan derecho a voto en las autonómicas de forma "temporal", durante un "cierto" tiempo, y, pese a que los residentes en el exterior ya no participan en los comicios municipales, ve una "una auténtica barbaridad" que existan municipios gallegos donde más del 50 % de su censo está en el exterior.

La pugna por el mermado voto del exterior se está viendo afectada además por un contexto en el que los partidos han visto rebajada la asignación económica pública para los comicios, y por tanto su capacidad de tener presencia en la calle, tanto en España como en el extranjero.