"El lunes reanudaremos la votación", dijo el vicepresidente de la cámara legislativa, Antonio Rivera, a los numerosos diputados que aguardaron cuatro horas para el inicio de la sesión.
Los 128 legisladores de siete partidos políticos escogieron el jueves a ocho magistrados, tras cuatro días de intensas negociaciones.
Seis de los seleccionados en la primera ronda son del opositor partido Liberal y dos del oficialista Nacional.
Las posiciones cerradas de los nuevos partidos Libertad y Refundación (Libre), que lidera el ex presidente izquierdista Manuel Zelaya, y el Anticorrupción (PAC), que encabeza el prestigioso presentador de televisión Salvador Nasralla, demoraron el proceso.
Zelaya dijo en rueda de prensa que "mantenemos nuestra posición de que los 29 diputados de Libre no votan por ninguno de los aspirantes a la Corte Suprema porque el proceso está viciado y el poder judicial requiere reformas profundas que no se solucionan con magistrados impuestos".
Admitió que en la víspera se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández, "pero para hablar, no para negociar cargos".
Zelaya intentó impulsar la reelección presidencial en Honduras, pero los militares lo derrocaron en junio de 2009 a siete meses de concluir su mandato de cuatro años.
Ninguno de los partidos representados en el Congreso tiene una clara mayoría, lo que los obliga a hacer alianzas.
Además, cada candidato a juez de la Corte requiere de una mayoría calificada de 86 votos y solo unidos pueden reunir esa cantidad.
Libre y PAC condicionan sus votos a introducir cambios estructurales del sistema de justicia con el propósito de que la elección de la Corte Suprema no sea el reparto de puestos públicos.
En diciembre de 2012, cuando Hernández presidió el Congreso, destituyó arbitrariamente a cuatro de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Suprema por rechazar al menos ocho de sus iniciativas políticas, y en su lugar designó a abogados afines.
Ello provocó fuertes reacciones políticas y desde entonces muchos líderes sociales acusan a Hernández de pretender quedarse en el poder por segundo periodo consecutivo en los comicios generales de 2017.
La Constitución de Honduras prohibe la figura legal de la reelección presidencial.
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