El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha urgido este martes al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a acelerar la reforma de los delitos de sedición y rebelión y la tramitación de los indultos a favor de los condenados por el 'procés' para garantizar la "normalidad" en las elecciones catalanas, durante un debate en el que el ministro ha defendido la partida presupuestaria de su cartera como la vía para "transformar" la administración de justicia.
Asens ha aprovechado su turno de palabra para reprochar a Campo que, durante el desayuno informativo celebrado el lunes por Europa Press, abriera la puerta a incumplir el plazo que se dio él mismo para presentar antes de final de año el borrador de la reforma del Código Penal para rebajar las penas de los delitos de sedición y rebelión y ajustarlas a los estándares europeos. "Celebramos que Europa le abriera los ojos en este asunto, pero ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos, no podemos esperar más", ha dicho Asens, afeando al ministro que Unidas Podemos lleva meses esperando a que responda a su propuesta de reforma penal. "Nada es más injusto que una justicia tardía y cada día que pasa sin abordar esa reforma es un día más de injusticia", ha argumentado.
En la misma línea, ha instado a Justicia a agilizar la tramitación de dichos indultos. Asens ha esgrimido que "las próximas elecciones catalanas deben celebrarse con normalidad y es una anomalía que haya todavía presos independentistas en prisión". "Necesitamos acabar con esa anomalía", ha sostenido, reivindicando que "cualquier propuesta de desbloqueo del conflicto en Cataluña pasa inevitablemente por su desjudicialización".
El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha criticado precisamente a Campo por permitir que se use al Ministerio de Justicia como "moneda de cambio" para conseguir el apoyo de ERC y Bildu a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Es una vergüenza que los presupuestos se cambien por indultos, por la reforma de los delitos de sedición y rebelión y que se mire para otro lado cuando se hacen homenajes a presos etarras", ha denunciado. En un tono similar, el diputado del PP Luis Santamaría ha criticado al PSOE por las "cesiones ignominiosas que avergüenzan al socialismo de bien" porque -según ha dicho- "han cambiado presos por presupuestos" y pretenden "blanquear a Bildu". Frente a ello, ha insistido en la propuesta 'popular' de crear una sección en la Fiscalía de la Audiencia Nacional para esclarecer los crímenes no resueltos de ETA.
Asens ha contestado a Bal que "no hay ningún intercambio de cromos", ya que se trata de "un compromiso de legislatura de PSOE y Podemos", y ha dado expresamente las gracias a ERC, Bildu y PNV por "querer dejar atrás unos presupuestos de austeridad, un legado del PP marcado por la degradación de los servicios públicos, los recortes de derechos y la corrupción".
La renovación del CGPJ
Otro de los temas que ha marcado el debate parlamentario han sido las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi dos años caducado. En este punto, el diputado 'morado' ha vuelto a cargar contra Campo por anunciar "un supuesto pacto inminente" con los 'populares'. "Es intolerable", ha afirmado, haciendo al mismo tiempo un llamamiento a "poner fin a la situación de secuestro y atrincheramiento que la derecha mantiene del Gobierno de los jueces".
El diputado de Vox Javier Ortega Smith también se ha referido al CGPJ pero en su caso para acusar tanto a PSOE como PP de "repartirse" durante décadas los doce vocales de procedencia judicial. "Esos doce vocales deberían haber sido elegidos entre y por jueces y magistrados, pero se lo han repartido por y entre el PP y el PSOE y sus socios de turno", ha lamentado. Así, les ha instado a acabar con el bloqueo del CGPJ sacando "las sucias manos de los partidos políticos de los órganos de la justicia".
Ortega Smith ha criticado igualmente la permanencia de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, calificándola directamente de "fiscal general del Partido Socialista, más aún en el contexto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -que deja la investigación penal en manos de los fiscales-, para advertir de que en "aquellas naciones donde se empezó controlando la justicia, como Venezuela, se terminó cayendo en una dictadura".
