Los abogados madrileños se conjuran para sacar al Colegio del aislamiento

Algo más de 77.000 abogados madrileños están llamado este miércoles a votar en las elecciones del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), el mayor de Europa y una de las entidades básicas de la profesión en España. El problema es que apenas un 10% de todos los colegiados (ejercientes o no) de la capital acudirá a las urnas para elegir a la nueva junta de gobierno que debe defender los intereses de su profesión. Cinco son las candidaturas presentadas para tomar las riendas del colegio y, salvo el caso de la opción más continuísta con los actuales gestores, todas las opciones coinciden en que es necesario dar un nuevo giro o un impulso mayor al Colegio para que alcance el peso institucional que necesita y sea valorado y tenido en cuenta en las instancias políticas y ante el estamento fiscal y judicial.

Uno de los abogados españoles más importantes definió recientemente su profesión como “los arquitectos de la vida social”, por aquello de ser los encargados de utilizar la ley para hacer valer los derechos y los intereses que marcan la convivencia de toda la sociedad. Pero no parece que sea esa la percepción social que se tiene sobre el valor social del oficio de abogado. Precisamente hacer que se tenga en cuenta ante cualquier instancia esa faceta trascendental de los profesionales del Derecho en todos los órdenes de su trabajo (civil, penal, mercantil, procesal, laboral, etc.) debe ser una de las grandes señas de identidad de un Colegio tan importante. Pero lejos de ello, esa es una de las grandes críticas que se le achacan, no solo tras los últimos cinco años de decanato de Sonia Gumpert (que ha sido una de las etapas más colaborativas que se recuerdan), sino allende los tiempos, incluso con los demás decanos que ha tenido a lo largo de su historia.

El gran éxito de esta convocatoria sería un incremento significativo de la participación, cosa que ninguno de los candidatos consultados contempla como posible. En los anteriores comicios de diciembre de 2012 se superaron los 8.000 votantes, si bien se debió a un efecto llamada realizado por la candidatura ganadora, la de Gumpert, el mismo día de la votación y con los datos del censo en la mano. Algo que desató las críticas y hasta provocó demandas (sin éxito) del resto de los aspirantes por entender que el uso de esos datos se hizo de forma irregular. Tal fue la grotesca situación, que el recuento, con algarada entre abogados e intervención de la Policía incluida, se alargó hasta las seis de la mañana del día siguiente. Nadie espera que esta año alguien se atreva a usar el censo para llamar a los votantes de forma masiva, sobre todo porque un nuevo conflicto legal entre abogados generaría un deterioro de su imagen y reputación social casi irrecuperable.

Campaña de reproches

Las cinco candidaturas que se presentan para dirigir el ICAM hasta 2022 representan la gran heterogeneidad que existe en la abogacía española. Junto los grandes firmas españolas del derecho de los negocios que facturan millones de euros cada año y tiran del sector (Garrigues, Cuatrecasas, Uría, Gómez Acebo y Pombo, Pérez Llorca o Ramón y Cajal, por ejemplo), conviven muchos despachos medianos y pequeños, que trabajan de forma especializada en algún área de práctica del Derecho (boutiques) y una pléyade de profesionales que trabajan por su cuenta y viven la profesión muy a pie de calle. Todo aderezado, sobre todo en el caso de los despachos más dedicados al business, con firmas importadas del derecho anglosajón pero llenas de grandes profesionales españoles, que buscan cada día con más éxito clientes empresariales a los que asesorar de forma global y en cualquier parte del mundo (Hogan Llovels, Linklaters, Clifford Chance, Baker & McKenzie, DLA Piper, etc).

Esa gran tipología de despachos y diversidad de prácticas es lo que ha hecho que la campaña electoral al colegio que les representa no sea igual para unos que para otros. Y la diversidad que presentan las cinco candidaturas presentadas al ICAM intentan plasmar programas que sirvan para todos, pero la tremenda competitividad que se genera ha provocado este año un fenómeno que ha ocurrió hace cinco: más que una campaña de programas, planes de futuro y opciones de progreso, se ha convertido en un reguero de reproches entre unos y otros que de nada sirven para animar a la base de la profesión a votar. El dinero gastado, el uso del censo, los intereses particulares, la falta de transparencia o el exceso de relaciones públicas, están más encima de la mesa que la digitalización del ICAM, el futuro de la formación, las relaciones institucionales o el amparo legal de la profesión con una ley orgánica.

Los candidatos y sus ideas básicas

Javier Íscar es el candidato continuísta, nacido a partir de la junta de gobierno actual de Sonia Gumpert y que conserva parte de su equipo. Su programa apuesta por seguir con la apertura de la institución a todos los abogados que se ha iniciado con la creación de las secciones por especialidad, el Congreso de la Abogacía madrileña, las ferias de empleo o la ampliación del seguro de responsabilidad civil de los colegiados (de 18.000 a 300.000 euros de cobertura). La nueva impronta que Íscar quiere poner si gana las elecciones tiene tres vectores principales: culminar la transformación digital del colegio (apenas iniciada con un acuerdo millonario con IBM), promover la elaboración de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa, en la que se establezca la regulación de la profesión y su valía frente a las presiones políticas y los poderes judiciales; y la participación del ICAM en el proceso de entrada a la profesión (examen de acceso) para evitar el intrusismo a un oficio al que, tal vez, es demasiado fácil acceder.

El mayor contrincante para el candidato continuísta es José María Alonso, actual presidente de Baker & McKenzie, tras toda una vida profesional en Garrigues, el mayor despacho español del derecho de los negocios. Alonso, tras cuarenta años de profesión, quiere devolver todo lo que ella le ha otorgado y aprovechar sus conocimientos como gestor de grandes despachos para ponerlos al servicio de los abogados. Apuesta por compartir a través del colegio la innovación y la gestión del conocimiento que los más grandes realizan, promover el trabajo pro bono de los profesionales de las grandes firmas en los programas de formación del ICAM (gratis) y estrechar la relación de los abogados con las empresas. Su idea es que el Colegio recupere la posición de excelencia que le corresponde en las instituciones, que participe en las grandes decisiones regulatorias importantes del país, y tenga fuerza para defender a los profesionales de la abogacía del poder de los jueces y fiscales, no desde el enfrentamiento, sino desde la cooperación, con comisiones mixtas que analicen todos los problemas.

Entre estos dos candidatos se encuentra la opción de Nicolás González-Cuéllar y un nutrido grupo de profesionales multidisciplinares, entre los que se encuentra el responsable de formación del equipo actual, el exfiscal Ignacio Gordillo, que no apuesta por continuar con Gumpert. Salvando el área de formación, González-Cuéllar es muy crítico con todo lo que se hace el colegio, para el que pide un impulso radical que garantice la transparencia y la integridad. Su programa pasa por evitar que el colegio se convierta en un club privado y defienda los intereses generales de la profesión en las más altas instancias. Confía en el trabajo de los profesionales del derecho, a través del ICAM, en las comisiones de codificación que elaboran las leyes, algo con lo que él mismo y parte de su equipo están muy involucrados. Postula una base de datos de abogados madrileños con vocación internacional, para que sea compartida de forma global y amplíe sus opciones profesionales, y prevé fomentar el uso de la mediación a todos los niveles, incluso en el trabajo del turno de oficio.

Tras estos tres candidatos se encuentra la opción de Manuel Valero, actual vicedecano del ICAM pero que ha sido muy crítico con la gestión de Sonia Gumpert, sobre todo desde el punto de vista de la gestión de los gastos. Valero busca transparencia y racionalidad en los números del colegio. Por último, desde la Asociación Libre de Abogados (ALA) se presenta también como candidata Luz Elena Jara, con un programa más progresista y de izquierdas que el resto de las opciones.