El Congreso se disolverá este martes sin que los diputados hayan rendido cuentas sobre las actividades extraparlamentarias que han compaginado con su escaño, lo que supone que durante cuatro meses han podido realizar tareas ajenas a la Cámara sin contar con autorización alguna para ello, con el consiguiente riesgo de incompatibilidad.
Al acreditarse como parlamentarios tras las elecciones del 28 de abril, todos tuvieron que informar a la Cámara de sus labores al margen del Congreso. Así, hubieron de consignar si pensaban continuar ejerciendo su profesión -la abogacía por ejemplo es una actividad muy común entre los diputados-, si iban a participar en tertulias o a escribir libros o si pensaban ser a la vez concejales u otro tipo de cargos locales o autonómicos.
Toda esa información debe ser analizada por la Comisión del Estatuto del Diputado que se encarga de autorizar o no la compatibilidad de las mismas con el escaño y elabora un informe al respeto que después debe ser votado en el Pleno.
Esa comisión se constituyó el pasado 30 de julio, con la socialista Begoña Nasarre como presidenta y un representante de cada grupo parlamentario, como fija el Reglamento, pero jamás se llegó a reunir y, por tanto, no elaboró informe alguno.
Es decir los diputados que hayan desarrollado actividades fuera de la Cámara lo habrán hecho sin aval del Congreso, pudiendo por tanto haber incurrido incluso en alguna irregularidad si han compatibilizado dos labores legalmente incompatibles.
Los que repitan seguirán sin control hasta 2020
Es más, los que forman parte de la Diputación Permanente, que mantendrán su escaño pese a la disolución, podrán continuar con esas actividades sin control alguno hasta la víspera de la constitución del nuevo Congreso, que se prevé para diciembre. Y si, además, vuelven a obtener escaño podrán sumar unas semanas más hasta que la Comisión del Estatuto del Diputado de la siguiente legislatura dé o no el visto bueno a las mismas.
Lo que sí ha dado tiempo a publicarse, ya que no necesitaba pasar por la Comisión del Estatuto del Diputado, son las declaraciones de bienes y patrimonio de los 350 diputados elegidos el 28 de abril. La Mesa del Congreso autorizó en junio la difusión en la web de la mayor parte de ellas y la última, la del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, salió a la vuelta del verano.
Además, la Cámara se va a disolver sin haber hecho públicas las declaraciones de intereses que sus señorías tuvieron que entregar tras ser elegidos, tal y como establece el Código ético que debía aplicarse por primera vez en esta legislatura fallida.
Estas normas de conducta que la Cámara aprobó el pasado mes de febrero, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), obligan a su señorías a publicar sus intereses económicos particulares, detallando las actividades privadas que les han generado rendimiento económico en el pasado, incluyendo el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado.
Los regalos y contratos laborales, tampoco
Asimismo debían dar cuenta de las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales que pudieran reflejar algún tipo de interés económico. El Código incluso abría la puerta a que los diputados se inhibieran en votaciones sobre asuntos donde pudiera haber conflicto.
También tendrían que dar a conocer en su agenda diaria sus reuniones con grupos de influencia o 'lobbies' y rechazar todos los regalos que no sean de mera cortesía o de familiares.
Sin embargo, ninguno de estos datos se ha público y ni siquiera se ha creado la Oficina de Conflicto de Intereses, que debía asesorar a sus señorías y a la propia Mesa de la Cámara sobre la aplicación de este código y comprobar la información sobre sus intereses aportadas por sus señorías. La capacidad de investigar sobre los mismos estaba reservada a la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que tampoco le ha dado tiempo ha hacer esta tarea.
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