El Partido Popular ya se prepara para encajar otra oleada de 'viernes sociales'. La experiencia de las anteriores elecciones del 28 de abril les dice que, lejos de paralizar su actividad durante la precampaña electoral, el Gobierno en funciones va a exprimir al máximo sus poderes para sacar adelante todas las medidas que les sea posible a las puertas de la cita con las urnas del 10 de noviembre. Iniciativas que tendrán un marcado carácter social, como la subida de las pensiones o de los sueldos de los funcionarios, que son "caramelos" a la hora de "comprar voluntades electorales" y que, por tanto, tendrán muy difícil rechazar los partidos en la Diputación Permanente, porque "sería un suicidio político".
En el PP no hay ninguna duda de que Pedro Sánchez va a gobernar hasta el último minuto. Fuentes del partido dan por descontado que el Ejecutivo en funciones ya está preparando toda una batería de reales decretos leyes para aprobar en las próximas semanas. Será, dicen, la reedición de lo que el propio Sánchez bautizó como 'viernes sociales' y que tanto rechazo generó entre la oposición por su carácter electoralista, según criticaron todos los partidos durante la carrera hacia el 28-A. Sin embargo, estas críticas no evitaron que la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones o entre legislaturas, acabara dando su visto bueno a todas las iniciativas.
Entonces se convalidaron seis reales decretos leyes: se amplió de cinco a ocho semanas el permiso de paternidad; se rebajó de 55 a 52 años el acceso al subsidio para mayores desempleados y se implantó el registro horario obligatorio para todas las empresas; se extendieron los contratos de alquiler de vivienda de tres a cinco años; se estableció un plan de contingencia contra un eventual 'Brexit duro'; se adoptaron medidas de apoyo a la estiba y se habilitó a los ayuntamientos y comunidades autónomas a reinvertir su superávit. Y ello a pesar de la oposición inicial del PP, las reticencias de Ciudadanos y la fragilidad del bloque de la moción de censura, roto por los independentistas catalanes.
Ahora se especula con la subida de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios, entre otros asuntos. Estas mejoras, en teoría, no puede aprobarlas un Ejecutivo en funciones, porque se lo prohíbe la Ley del Gobierno. Sin embargo, en el PP están seguros de que los socialistas están buscando el encaje jurídico para poder ponerlas en marcha a través de reales decretos leyes en cuanto encuentren el "resquicio legal". "Será en la última fase de la precampaña, bien entrado el mes de octubre", vaticinan fuentes 'populares'.
Las mismas fuentes avanzan que "nadie podrá votar 'no'" a estas medidas en la Diputación Permanente". No en vano, no se trata de temas menores en tiempos electorales, pues afectan, entre unos y otros, a más de 11 millones de votantes (8,8 millones de pensionistas y 2,5 millones de funcionarios). En el PP creen que el Gobierno en funciones jugará esta baza porque están seguros de que ningún partido podrá oponerse. "En todo caso, se podrá cuestionar la forma, pero nunca el fondo", matizan, porque lo contrario, admiten, "sería un suicidio político".
Algo parecido sucede con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Aunque la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha repetido por activa y por pasiva que el bloqueo de estos fondos no tiene por qué suponer recortes en los servicios públicos, la oposición ha acusado al Ejecutivo de utilizar ese dinero como arma política, por negarse primero a entregarlo y anunciar ahora su desembolso, una vez convocadas las elecciones. El líder popular, Pablo Casado, acusó directamente al presidente en funciones, Pedro Sánchez, de intentar "comprar voluntades electorales con ese dinero".
Los 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta no suponen un ingreso directo en los bolsillos de los ciudadanos, pero sí la percepción de que el Gobierno paga lo que debe a los territorios para que estos puedan funcionar con normalidad. En ausencia de Presupuestos, la única vía posible es decretar los desembolsos de manera puntual para que las autonomías no vean afectados sus gastos corrientes. La Abogacía del Estado dictaminó que un Gobierno en funciones no puede ejecutar ese desbloqueo, sin embargo, el Ejecutivo ha anunciado que lo hará antes de que acabe el año. "El encaje jurídico es complicado, pero es posible con una interpretación laxa de la norma", aseguran fuentes del PP que, de nuevo, auguran que todos los grupos apoyarían un eventual decreto.
Reparto de pesos en la Diputación Permanente
Así las cosas, todo quedará en manos de la Diputación Permanente. La composición de este órgano fue acordada por la Mesa de la Cámara el pasado 16 de julio, cuando se decidió, previa a audiencia de la Junta de Portavoces y de conformidad con el artículo 56 del Reglamento, que esté integrada por 68 miembros, además de la presidenta del Congreso. Se cuentan 24 del Grupo Parlamentario Socialista, 13 del Grupo Parlamentario Popular, 11 de Ciudadanos, 8 del Grupo Confederal de Unidas Podemos, 5 de Vox, 3 del Grupo Parlamentario Republicano, 1 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y 3 del Grupo Mixto.
Con estas cifras, el PSOE y Unidas Podemos necesitarían el apoyo o la abstención de un tercer grupo para superar al bloque de la derecha en este órgano. A priori, medidas como la mejora de la retribución de los empleados públicos o la revalorización de las pensiones con el IPC serían vistas con buenos ojos por los de Pablo Iglesias. Sin embargo, la relación entre ambos partidos no atraviesa su mejor momento, tras el fracaso de las negociaciones para la investidura de Sánchez, por lo que su respaldo no está asegurado. Con todo, fuentes de la formación morada aseguran estar dispuestos a apoyar "todo aquello que mejore la vida de la gente".
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