La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de Madrid abre paso a una batería de rebajas fiscales en la comunidad que chocarán con la política antagónica del Gobierno central y auguran una dura batalla entre ambas partes a la hora de definir las bases de la nueva financiación autonómica. La intención del Ministerio de Hacienda de acelerar la armonización del Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones para frenar las bonificaciones que aplica la capital será el centro de ese enfrentamiento, si bien fuentes cercanas al nuevo gobierno madrileño aseguran que, tras el triunfo electoral de este martes, exprimirán aún más sus opciones de rebajar tarifas en los tributos cedidos y sacar nuevas ventajas fiscales para atraer talento e inversión.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lanzó el primer aviso a navegantes en plena precampaña al anunciar la comisión de expertos fiscales encargada de preparar la futura reforma fiscal, sin marcarse un timing determinado, pero con la urgencia de atajar los agravios comparativos de los impuestos que pagan las herencias y los grandes patrimonios en algunas comunidades como Madrid, donde están prácticamente exentos. La contestación de Ayuso no se hizo esperar: no solo está dispuesta a mantener sus rebajas de impuestos frente al Estado y avalada por la autonomía financiera que le otorga la Constitución, sino que prepara toda una batería de nuevas desgravaciones y ventajas para los particulares y las empresas que marcarán aún más la diferencia.
La victoria de la líder del PP madrileño augura más rebajas de los tipos máximos que se pagan en el tramo autonómico del IRPF (medio punto menos) que ya son los más bajos de España. Por otro lado, se pretende incentivar a las empresas que escojan Madrid como sede social y no se descarta recuperar bonificaciones para los particulares tan populares en otros tiempos como la desgravación por la compra de vivienda, que estuvo vigente en España más de dos décadas y finalmente se retiró por la falta de control en su uso y el enorme coste que suponía para las arcas del Estado. En Madrid se han llegado a analizar incluso ventajas en la tributación de los no residentes para facilitar la llegada de investigadores y expertos de alto nivel que puedan dejar su ‘know how’ en la capital, si bien se trata de una normativa de competencia estatal que será difícil de modificar a la baja.
Dos años de inercia
Fuentes políticas cercanas al Gobierno de Madrid aseguran que ahora se abren dos años en los que la Comunidad de Madrid va a poder continuar con su batalla fiscal para mover la inversión y la llegada de grandes patrimonios a la capital frente a otras autonomías, sin que desde el Estado se pueda dar una respuesta demasiado beligerante al respecto, si tenemos en cuenta que todo lo fían a lo que diga el comité de expertos creado ‘ad hoc’ y que tardará no menos de un año en llegar a un planteamiento completo.
Del lado contrario, desde el Ejecutivo madrileño tienen muy clara su disposición de llegar hasta el Constitucional, en caso de que sea necesario, antes que ceder ante el Estado en cuestiones como Patrimonio o Sucesiones, o a la hora de establecer nuevos beneficios fiscales a particulares o empresas, máxime ahora, tras el varapalo que el PSOE se ha llevado en las elecciones madrileñas y que han dejado ‘tocado’ al sanchismo a nivel estatal.
Es más, junto a Madrid, comunidades como Murcia o Andalucía, gobernadas por el PP, u otras de signo socialista, también aplican bonificaciones amplias a los tributos que gravan la riqueza y es más que previsible que se unan en su defensa frente al Estado, mientras no exista un planteamiento completo de financiación autonómica y reordenación de todos los tributos de competencia estatal y autonómica. Los asesores fiscales ya advirtieron en su último análisis de la fiscalidad regional que la competencia a la baja que se ha desatado en las autonomías a la hora de establecer y modificar tributos cedidos provoca situaciones y agravios en zonas cercanas.
Frente al impulso que el PP de Madrid va a dar a su fiscalidad a la baja en estos dos años que quedan de gobierno y a los que llega con la inercia de haber triunfado con claridad sobre la izquierda, el Gobierno estatal de coalición prepara una reforma fiscal más pausada en el tiempo, toda vez que la gestión de los fondos europeos y el resto de cambios estructurales que debe mandar a Bruselas para acceder a los fondos de recuperación no abren ahora una ventana de oportunidad como para lanzarse a una guerra con Madrid, cuyas implicaciones políticas llegarían hasta Bruselas. “Nadie hace una reforma fiscal al final de la legislatura, sino que la prepara para la siguiente, para no perder votos por el camino”, advierten un experto de la Administración. Esa fue, además, una de las razones por las que desde el PSOE de Gabilondo no se quiso entrar en esa discusión para los próximos dos años, porque no había margen de maniobra para hacer nada coordinado con el Estado.
El Gobierno central parte además de una situación complicada tras el última ‘affaire’ sobre su intención de eliminar de forma progresiva la deducción fiscal de la tributación conjunta, una medida que no ha quedado clara en el plan que ha mandado a Bruselas y que incluso desde el Ejecutivo comunitario critican por falta de transparencia. El veto a esa opción de hacer la declaración de la renta conjunta entre los cónyuges de la unidad familiar supone un golpe a las rentas más bajas, contrario a todos los planteamientos en fiscalidad que desde el PSOE y Unidas Podemos se han realizado hasta ahora.
