La medida cautelar planteada al juzgado de Instrucción número 53 de Madrid obedece a que los menores no nacionales carecen de estructura familiar, social y económica en territorio nacional. Eso les convierte en un colectivo “doblemente vulnerable”, tanto por la edad como por el desarraigo estructural con causa en su origen extranjero, “lo que no solo exige una mayor protección por parte de todos los operadores e instituciones públicas, sino que les convierte en uno de los grupos especialmente protegidos por nuestra legislación penal frente a ataques contra su dignidad por gratuitos y prejuiciosos”, firma la nota informativa de la Fiscalía.
En la denuncia, que acusa un supuesto delito de odio por confrontar el coste estatal de un 'mena' con la pensión de una anciana, se recuerda que dicho delito integra varios tipos delictivos y que se engloba jurídicamente en proteger "la dignidad de la persona, individualmente y como parte de determinados colectivos y que tienen en común la concurrencia en el actor de una concepción prejuiciosa hacia los mismos que determina su actuación de intolerancia excluyente hacia aquellos, lo que puede tener lugar de diferentes formas”.
Del mismo modo la Fiscalía entiende que con la retirada del cartel quedaría protegida la seguridad del colectivo de menores no acompañados y que además no se vulneraría el derecho de Vox a "realizar propaganda electoral" porque el espacio publicitario contratado podría volver a ser "ocupado con propaganda tendente a la petición de votos en campaña". La solicitud de retirada del cartel no solo afecta al que se exhibe en la estación de Sol del Metro de Madrid, como informa la nota de prensa de Fiscalía de Madrid, sino también “a todos los de idéntico contenido expuestos en cualquier otro espacio publicitario y colocado por el anunciante denunciado”.
