España va a tener que afrontar en apenas dos meses una hecatombe política regional que puede cambiar el mapa de poder en tres comunidades autónomas que representan a gran parte de la economía del país, en el peor momento posible de cara a encauzar la recuperación tras el desplome que ha generado la crisis sanitaria. Cuando todavía no se ha definido el papel de las CCAA en el reparto de los fondos de la UE, en pleno proceso de deliberación del plan de reformas en Bruselas con el futuro de las pensiones en entredicho y sin empezar a recomponer el puzzle de la financiación autonómica y la reforma fiscal, tres de las autonomías más importantes del país, entre ellas la de la capital, han hecho saltar por los aires cualquier avance en lo económico para recomponer su poder político.
La incertidumbre económica que se genera ahora en Murcia, Madrid y Castilla y León amenaza con paralizar muchos de los trámites necesarios para agilizar la gestión de los proyectos que se deben presentar en cada uno de esos territorios para recibir fondos de la UE, con el hándicap de que las autoridades comunitarias están muy pendientes de los avances políticos y económicas españoles a la hora de condicionar el reparto del dinero. El cambio en los tres territorios supone dejar ejecutivos de marcado carácter liberal apoyados incluso por la extrema derecha de Vox, para colocar nuevos dirigentes socialdemócratas, vinculados al PSOE y a Ciudadanos, que pueden contar según los casos con el apoyo de la izquierda más radical.
Este foco de incertidumbre política surge un día después de que la OCDE mejorase sus previsiones de crecimiento para España en este año de la vacunación y la recuperación en siete décimas, hasta el 5,7%, lejos de la previsión del Gobierno español, pero con al advertencia de que los desequilibrios que se generen van a ser duraderos. Todos los analistas y economistas aseguran que las campañas de vacunación, que dirigen los ejecutivos autonómicos, son la base sobre la que recomponer la economía, dado que sin movilidad, con los contagios al alza y los hospitales llenos, va a ser muy difícil recuperar la confianza económica.
España ha superado además en febrero la barrera de los 4 millones de parados, muy azotada por el hundimiento del sector turístico y la hostelería, claves en la economía de Madrid o de Murcia. Hay más de 900.000 personas en ERTE, la mayor parte de ese sector. Es más, la apuesta del Gobierno madrileño del PP y Cs por no cerrar perimetralmente la comunidad en Semana Santa, en contra de lo que postulan el Estado y el resto de las comunidades, para evitar otra ola de contagios y asegurar la campaña de verano, mantenía a Ayuso enfrentada al resto.
La cuestión electoral en Madrid es más complicada todavía, dado que la convocatoria que ha lanzado Díaz Ayuso se enfrenta a la presentación posterior de sendas mociones de censura, un conflicto que amenaza con enmarañar más la situación y llegar hasta los tribunales a la hora de decidir cual de las dos iniciativas políticas prevalece. En cualquier caso, es un parón en una de las administraciones autonómicas más importantes del país, sobre cuya gestión de la pandemia, de la crisis y del modelo fiscal ha sembrado siempre tormentas políticas y enfrentamientos con otras comunidades.
Todos los frentes políticos que ahora se abren alejan más si cabe al PP del PSOE y a cualquier pacto de Estado que entre ellos se pueda generar, tanto en cuestiones como el CGPJ, más políticas o judiciales, como en ámbitos puramente económicos, como la reforma fiscal, la definición de un nuevo modelo territorial y el nuevo reparto de competencias y capacidades económicas que supone. La polémica sobre el ‘oasis fiscal’ madrileños por su tratamiento favorable en impuestos como el de Patrimonio o el de Sucesiones y Donaciones, cobra más fuerza ahora, tanto si hay moción de censura como ante una nueva campaña electoral en Madrid, donde la correlación de fuerzas va a ser de “todos contra Ayuso”, con Vox pendiente de recoger a los colectivos más perjudicados por la situación.
Por más que la parte fundamental del reparto de los fondos europeos se lleve desde Moncloa, el papel de las comunidades autónomas a la hora de seleccionar proyectos y administrar ayudas se torna muy importante en todo el proceso. En el caso de Castilla y León o Murcia, hay que tener en cuenta además que se trata de dos autonomías muy implicadas en los proyectos sobre cambio climático, generación de energías renovables y gestión del agua, tres de las áreas en las que se van a dilucida más de la tercera parre del dinero que llega de Europa. Es más, muchos de esos proyectos, sobre todo los más grandes que implicar a corporaciones multinacionales o empresas públicas, son los primeros que se están definiendo y deberían estar resueltos en la primera de las remesas de planes que se aprueben, entre abril y junio próximos, justo el mismo periodo en el que se va a producir el posible cambio de Gobierno en ambos territorios.
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