Madrid.- La causa por la privatización de Aerolineas Argentinas hace diez años por el Estado español será solo por fraude fiscal, pues la Audiencia Nacional de España no ha hallado indicios de otros delitos, como malversación, falsedad documental o estafa.
En un auto dado a conocer hoy, el juez Eloy Velasco decide proceder contra los empresarios españoles Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual por un delito fiscal de 99 millones de euros (138,6 millones de dólares), y exonera de cualquier actuación delictiva al grupo público Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), expropietaria de Aerolíneas Argentinas.
El magistrado deja por tanto sin efecto la imputación de tres de los directivos de la SEPI que intervinieron en la venta de la aerolínea en 2001 a Air Comet, en manos de Pacual y Díaz Ferrán, quien fuera presidente de la patronal española (CEOE).
El juez da diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral contra Díaz Ferrán, Pascual y el presidente de Air Comet, Antonio Mata Ramayo, que se enfrentan a un delito contra la Hacienda Pública por el impago de 99,05 millones de euros en el Impuesto de Sociedades de Air Comet en 2002.
El Código Penal español establece penas de entre uno y cinco años de prisión para esas actuaciones delictivas.
El magistrado no ve indicios que apunten a la existencia de una trama entre los gestores de la SEPI y los administradores de Air Comet para defraudar al Estado, sino "actuaciones encaminadas a desprender a éste de empresas con graves problemas de solvencia".
La SEPI vendió en 2001 el 92 % de las acciones en INTERINVEST (la propietaria del 92,10 % de Aerolíneas Argentinas) a la aerolínea española Air Comet (del grupo Marsans) por un dólar y asumió el compromiso de aportar 300 millones de dólares para pagar a los acreedores de la sociedad.
El auto reconoce que la privatización de Aerolíneas Argentinas "posiblemente se pudo llevar de otra forma" ya que según el Tribunal español de Cuentas le costó al Estado cerca de 2.000 millones de euros (2.800 millones de dólares).
El magistrado considera que ni la SEPI ni los compradores de Aerolíneas Argentinas malversaron fondos públicos, ya que "la complicada operación contractual pretendía la venta de empresas con importantes pérdidas, lo que obligaba a la Sociedad Española de Participaciones Industriales a realizar aportaciones de dinero público que las mitigaran".
Según la acusación particular, Air Comet malversó porque utilizó el dinero de la SEPI para ampliar su participación en Aerolíneas Argentinas en una compleja operación, en lugar de abonar las deudas de los acreedores; todo ello con la aquiescencia de la sociedad pública española.
Sin embargo, la Audiencia Nacional recuerda que Air Comet acabó pagando esas deudas con los fondos aportados por la SEPI, aunque con cuatro años de retraso y sin "ánimo apropiatorio".
Miles de viajeros entre España y Latinoamérica se vieron afectados por el cese de actividades que Air Comet anunció en diciembre de 2009 ante la imposibilidad de afrontar sus deudas millonarias.
La aerolínea anunció el cierre de actividades ante la incapacidad de afrontar la deuda por el alquiler de sus aviones y de pagar los salarios a su plantilla.
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