Embajador de EE.UU. en Colombia dice que debe respetarse proceso contra Arias

  • El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo hoy que debe respetarse el proceso penal abierto contra el exministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por la Justicia colombiana y que actualmente se encuentra prófugo en territorio estadounidense.

Cartagena (Colombia), 17 jul.- El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo hoy que debe respetarse el proceso penal abierto contra el exministro Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por la Justicia colombiana y que actualmente se encuentra prófugo en territorio estadounidense.

Whitaker, quien hoy recibió en Cartagena de Indias (norte) al buque de guerra estadounidense USS América, expresó en una rueda de prensa su respeto por las decisiones judiciales de Colombia, aunque evitó posicionarse a favor de una eventual extraditación.

"Se trata de decisiones judiciales, y ustedes saben que la ley estadounidense dice que no me puedo pronunciar sobre ellas. No confirmo nada, pero hay procesos legales que se deben respetar", explicó en referencia a la condena impuesta a Arias.

El ahora prófugo ejerció como ministro de Agricultura durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), y en el desempeño de esta labor fue responsable de irregularidades en la entrega de subsidios y peculado por apropiación a favor de terceros, según la sentencia de la Corte Suprema de Justicia.

Arias, que está prófugo supuestamente en Miami, deberá pagar además una multa de 25.000 millones de pesos (13 millones de dólares), según este organismo, que anunció una orden de captura.

Tras conocerse la sentencia, la canciller María Ángela Holguín anunció desde Brasil, donde participaba en la Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y los presidentes de Unasur, que el Gobierno Nacional iniciará un trámite eventual de deportación.

El exministro no podrá ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure su condena, inhabilitación que se suma a otra impuesta por la Procuraduría durante 16 años y una sanción de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría.

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