Empieza nuevo juicio contra exalto cargo de Gobierno de Menem en Argentina

  • Un tribunal argentino comenzó hoy a juzgar a María Julia Alsogaray, secretaria de Estado de Ambiente durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), por presunta defraudación en perjuicio de la función pública y peculado, informaron fuentes judiciales.

Buenos Aires, 29 abr.- Un tribunal argentino comenzó hoy a juzgar a María Julia Alsogaray, secretaria de Estado de Ambiente durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), por presunta defraudación en perjuicio de la función pública y peculado, informaron fuentes judiciales.

El juicio arranca cuatro días después de que la Justicia argentina declarase sobreseída la causa abierta contra la exdiputada por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública.

Alsogaray está imputada ahora por presuntas contrataciones fraudulentas de pasantes realizadas por la exsecretaría de Recursos Naturales, cuya titular era la acusada, con la Universidad de Lomas de Zamora, según el Centro de Información Judicial.

Los exfuncionarios José Merlino y Pascual Romero serán juzgados junto a Alsogaray por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 6 de Buenos Aires.

Para el juicio están convocados unos 55 testigos.

Hija del político y militar Álvaro Alsogaray, María Julia fue elegida diputada en 1985 por la Unión del Centro Democrático (derecha), liderado por su progenitor.

Durante el Gobierno de Menem, además de estar al frente de la Secretaría de Ambiente, estuvo a cargo de los procesos de privatización de la empresa estatal de telefonía Entel y de la siderúrgica Somisa.

En 2005 Alsogaray reveló detalles sobre los sobresueldos que recibieron funcionarios durante el Gobierno de Menem, al confesar que como secretaria de Estado llegó a cobrar hasta 40.000 dólares mensuales al margen de su salario, mientras que en el caso de los ministros, la suma extra rondaba los 100.000 dólares, según sostuvo la exfuncionaria.

Ese mismo año, Alsogaray, que actualmente tiene 70 años, fue liberada después de permanecer en prisión durante 21 meses por enriquecimiento ilícito.

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