El sumario sobre la investigación abierta al BBVA cuenta desde el pasado mes de diciembre con la denuncia anónima que presentaron dos empleados del banco contra el exjefe de seguridad Julio Corrochano. La carta, que fue remitida a la Audiencia Nacional hace ahora cerca de dos meses, denuncia la presunta mala praxis que habría llevado a cabo el comisario desde que llegó a la entidad, en tanto se aprovechó del puesto que ocupaba para tratar de influir en otros empleados del banco con información privada suya, como es el caso del exconsejero delegado Ángel Cano. "Eso le daba mucho poder", reza la denuncia en referencia al conocimiento que tenía el jefe de seguridad de la vida de los empleados.
"La actitud de Corrochano -expone la carta- ha sido siempre la misma desde que entró. Un encanto para las personas que no eran del departamento, a las que contaba una y mil veces sus 'películas' de poli bueno, pero dentro del departamento de una negligencia y laxitud suprema, en cuanto al trabajo y las normas (...) Vino de la mano del directivo José Antonio Fernández Rivero, que a su vez había metido a dedo a Ángel Cano en Argentaria. Luego Cano sería jefe inmediato de Corrochano, ya en BBVA. Éste tenía cogido por semejante parte a Cano".
De acuerdo con el escrito, al que ha tenido acceso este diario, los dos trabajadores pertenecen al área de Medios-Organización y estuvieron "muy vinculados durante un tiempo" al departamento que dirigió el comisario Corrochano. Los empleados detallan que, "por motivos obvios", prefieren mantener el anonimato puesto que temen represalias por parte de la entidad a la que todavía pertenecen. No obstante, se muestran dispuestos a relatar su visión "absolutamente fidedigna" sobre algunos asuntos de funcionamiento interno dentro del departamento de Seguridad.
Se trata de unas manifestaciones que vienen a echar más leña al fuego en esta pieza después de que el representante legal de banco delegara en sede judicial cualquier responsabilidad por la contratación con José Manuel Villarejo en la figura del que fuera comisario general de la Policía. Pero no solo la entidad señaló a Corrochano en su interrogatorio ante el magistrado Manuel García Castellón. Meses antes, en julio, el agente encubierto confirmó al instructor del caso Tándem y la Fiscalía Anticorrupción que él despachaba directamente con el comisario acerca de todos los encargos que ahora se investigan en esta pieza novena del caso Tándem y por los que el banco abonó 10,3 millones de euros.
"Seguridad hace lo que le da la gana"
De este modo la misiva, que tuvo entrada en la Audiencia Nacional el pasado 10 de diciembre, denuncia que el departamento de Seguridad del BBVA "ha hecho hasta hace muy poco lo que le daba la gana" por ser poseedor de información muy valiosa de empleados rasos y alta dirección de la entidad. Entre ellos se encontraría el exconsejero delegado Ángel Cano, de quien el policía podría haberse aprovechado al tener datos personales suyos. Con todo, la misiva acusa también a Corrochano de haber conseguido "meter a dedo" a su sucesora Inés Diaz Ochagavia. La actual responsable de Seguridad Corporativa fue imputada en esta pieza novena del caso Tándem al estar vinculado su departamento a los pagos que salieron del banco al entramado empresarial de Villarejo entre los años 2004 y 2017. Puestos al habla con el exjefe de Seguridad del banco, éste declino hacer comentario alguno sobre la carta y la información.
Los denunciantes aseguran que el aterrizaje de Corrochano en la entidad en el año 2002 no sentó nada bien a su antecesor en el cargo, Joaquín Mañeru. Añaden que el exmilitar, que abandonó el BBVA tras su jubilación, consideraba que no tenía la preparación suficiente para afrontar este cargo a la par que le trasladaron que era una persona "no confiable". Unas acusaciones sobre las que no se ha pronunciado el comisario jubilado ya que en su comparecencia en sede judicial tras su imputación el pasado mes de julio prefirió acogerse a su derecho a no declarar a tenor del secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones y que el magistrado levantó este mismo lunes. Los fiscales, no obstante, pidieron una fianza para él de 300.000 euros que abonó en plazo para garantizar su libertad provisional.
Investigaciones millonarias
En su auto de esta semana, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 expuso que ya no era necesario continuar con el secreto adoptado tras la apertura de esta pieza en noviembre de 2018. De hecho, explica el instructor que se puede dar traslado a las partes de todo el materia que obra en el sumario y cuyo volumen es tal que podría configurar por sí mismo un procedimiento separado del caso Tándem. El juez recoge, no obstante, que las diligencias practicadas hasta el momento pondrían de manifiesto que los encargos a Cenyt supusieron una "reiterada injerencia en los derechos fundamentales" de las personas que fueron objeto de los espionajes de Villarejo mediante el acceso a sus comunicaciones, a su documentación bancaria y seguimientos personales.
Mismos argumentos en los que se apoyó la Fiscalía Anticorrupción para pedir la imputación del BBVA como persona jurídica. Aunque el banco solo tendrá que afrontar su responsabilidad penal por los hechos acontecidos desde el año 2010 (los anteriores estarían prescritos), el magistrado recoge en esta pieza todos los encargos a Villarejo que se remontan al año 2004 con la bautizada como 'operación Trampa', en la que se habría espiado a Luis del Rivero ante la sospecha de que Sacyr quería asaltar el capital del banco con la connivencia del Ejecutivo socialista de entonces. En total, la entidad que ahora preside Carlos Torres habría abonado cerca de 10,3 millones de euros a Cenyt en estos 13 años de relación.
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