Madrid, 19 jun.- El secretario general y un consejero delegado de Arpegio, empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid, han explicado hoy que esta entidad pagó por orden de la Consejería de Deportes, ocupada entonces por el imputado Alberto López Viejo, tres facturas a una sociedad de la trama Gürtel por la presentación de eventos.
Estos dos testigos han declarado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en relación con adjudicaciones presuntamente irregulares de la Comunidad de Madrid a empresas de la trama Gürtel y por las que López Viejo supuestamente recibió "cuantiosos pagos" en comisiones.
Ambos han sido interrogados acerca de esos tres contratos, dos de ellos por la presentación de eventos del 112 y del proyecto urbanístico de Arroyo Culebro, valorados en 13.000 y 6.000 euros y cuya presentación corrió a cargo de una empresa vinculada a Gürtel, MQM, han informado fuentes jurídicas.
El secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias, ha explicado que esas facturas se pagaron por orden de la Consejería de López Viejo, pero sin nombrarle a él directamente, y ha añadido que era el entonces viceconsejero Pedro Rodríguez (segundo de López Viejo) quien autorizó algunos contratos, pero que éste no tenía poder de decisión.
El consejero delegado de Arpegio Francisco Labayen ha asegurado por su parte que "había órdenes políticas" para que se pagaran esos contratos, pero no ha precisado de quién.
Ambos han admitido que Arpegio tenía medios para hacerse cargo de esos actos de presentación y no necesitaban hacer contratos a empresas externas, pero lo hicieron acatando las órdenes de la Consejería de López Viejo.
En relación a este asunto han testificado hoy también la que fuera jefa de secretaría de López Viejo, Carmen García Expósito; una persona que firmó una propuesta de adjudicación para el Parque Forestal del Sur y el exdirector de Servicios Generales de la Academia de Policía Local de Madrid Javier Peña.
Según las fuentes, todos ellos han manifestado que se limitaron a revisar las facturas investigadas para validar que se habían emitido desde la Comunidad de Madrid.
Tras la toma de declaración a estos testigos, Ruz tiene previsto interrogar mañana sobre este asunto a cuatro nuevos imputados: Juan Ignacio Hernández Rodríguez, del grupo Elba; Antonio Martín Sánchez, vinculado a la entidad MQM, así como Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno, administradoras ambas de distintas sociedades pertenecientes al grupo Rafael.
Los cuatro pertenecen a sociedades adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid y, según el juez, podrían ser cooperantes en los delitos que se investigan respecto al imputado López Viejo: prevaricación, cohecho, malversación, fraude y contra la Hacienda Pública.
En el auto en el que acordó estas citaciones, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, Ruz afirmaba que López Viejo tuvo "conocimiento" de las operaciones de la red para "ocultar la reiterada e incorrecta adjudicación de eventos a sociedades de Francisco Correa (presunto líder de la trama), facilitar el fraccionamiento de los contratos y simular una concurrencia entre distintas sociedades realmente vinculadas al mismo grupo".
Estas adjudicaciones supuestamente irregulares se hacían no sólo por parte de mercantiles directamente relacionadas con Correa, sino también a través de "otras" sociedades "con la connivencia de sus gestores -a cambio de una comisión, bien fija bien variable, de entre el 5 y el 11,5 %- y con conocimiento de Alberto López Viejo".
Ruz dictó este auto basándose en un informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional, que reveló que la Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en 104 contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se sometieran a concurso público.
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