La declaración en la Audiencia Nacional del exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo en la que apuntaba a la existencia de facturas falsas en la multinacional para costear los servicios de José Manuel Villarejo llevó a los investigadores a poner el foco en esta presunta dinámica que habría tenido lugar en el año 2004. Es por ello que el magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, llamó a declarar en sede judicial a los dos dueños de Casesa (Castellana de Seguridad), empresa de seguridad proveedora de Iberdrola, los cuáles negaron la versión del exempleado asegurando que nunca tuvieron contacto alguno con el comisario jubilado.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información explican que el instructor citó en la tarde de este lunes a Javier Saldaña y Antonio Holguín, fundadores de la empresa extinta. Ambos comparecieron en calidad de testigos para responder ante las acusaciones vertidas por el que fuera director de Funciones Corporativas de Iberdrola. En concreto, se les preguntó por el informe del que es autor este directivo díscolo con la cúpula de la entidad y que vendría a recoger que se confeccionaron facturas falsas desde Castellana de Seguridad para costear los servicios de Villarejo. La eléctrica contrató los servicios del agente encubierto durante 13 años por un total de 1,1 millones de euros.
Las fuentes consultadas explican que los fiscales Anticorrupción al frente del caso se interesaron especialmente en saber si, efectivamente, se prestaron los servicios recogidos en las facturas en ese ejercicio de 2004 a lo que Javier Saldaña y Antonio Holguín respondieron afirmativamente. Ambos explicaron que los conceptos de los recibos correspondían con trabajos realizados a lo largo de ese 2004 muchos de los cuáles guardaban relación directa con cuestiones de seguridad. De este modo se refirieron a la Junta de Accionistas que se celebró en abril de ese año y aseguraron al respecto que su papel se centró en garantizar el traslado de los directivos a Bilbao y en que el evento transcurriera sin incidentes.
Seguridad en el extranjero
Los representantes del Ministerio Fiscal también les cuestionaron por el asesoramiento de estrategias de seguridad en el extranjero; en concreto para las filiales que la eléctrica de Ignacio Sánchez Galán tenía abiertas en Bolivia. Anticorrupción destacó el hecho de que el importe de algunas de esta facturas giradas a Casesa coincidieran con los presuntos servicios prestados por Villarejo, si bien ambos descartaron por completo tener vínculos con el Grupo Cenyt y defendieron que se trataba de una relación mercantil ordinaria entre Casesa y la eléctrica vasca.
El magistrado García Castellón abrió el pasado mes de octubre la pieza relativa a todos los trabajos que encargó Iberdrola al entramado empresarial de Villarejo y su socio Rafael Redondo. Las diligencias, que siguen practicándose bajo secreto de sumario, cuentan hasta el momento con dos claros protagonistas. Por un lado, el exdirector de Seguridad Antonio Asenjo, investigado por delitos de cohecho y revelación de secretos; y, por otro, el propio Del Olmo. Así, mientras el policía rechaza cualquier irregularidad y desvincula a Sánchez Galán de estos encargos, Del Olmo asegura que la cúpula era plenamente consciente de que se encargaron servicios de espionaje y vigilancia a Villarejo y se pagaron con un sistema de facturas falsas.
Tanto Asenjo como Del Olmo han acudido hasta en tres ocasiones a la Audiencia Nacional para responder por este asunto con el informe como epicentro de las pesquisas. Los investigadores tratan de confrontar las dos versiones y esclarecer si, tal y como alega Del Olmo, existió ese entramado de facturas ficticias para pagar al comisario jubilado. Con todo, a la investigación penal que sigue la Audiencia Nacional por estos hechos se añaden nuevos frentes judiciales. La propia Iberdrola respondió a la difusión de este documento asegurando que era ficticio. Ello les llevó a interponer denuncias y querellas ante la Fiscalía de Bilbao, Anticorrupción y en los juzgados de Bilbao.
Al respecto, Asenjo ha mostrado su disconformidad en numerosos escritos remitidos al Juzgado Central de Instrucción número 6 acerca de que la causa no incorpore las denuncias de la multinacional contra Del Olmo así como que se le cite como testigo por estos hechos. La eléctrica de Sánchez Galán, por su parte, no solo se desliga de este informe sino que cuestiona su veracidad y asegura que la investigación interna encargada a PwC no ha podido acreditar la existencia de este papel. Sea como fuere, Del Olmo plasmó en su documento (que está certificado ante notario) que lo que se buscaba era costear el primer encargo a Villarejo, bautizado como 'operación Arrow'.
El mismo, que contaba con un presupuesto de 469.301 euros, se centraba en investigar a la plataforma No a las Térmicas por su oposición a la instalación de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera, un proyecto que compró a la norteamericana Enron cuando ésta se declaró en quiebra. Sobre este contrato concreto, Asenjo expuso en sede judicial que recurrió en calidad de director de Seguridad a los servicios de Cenyt ante el ambiente hostil que se encontraron para la construcción de la central si bien desligó a Galán de esta encomienda concreta. El exdirectivo de Funciones Corporativas, por su parte, plasmó en su escrito que la orden de este espionaje vino directamente del actual presidente de Iberdrola.
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