"Antes de otro impuesto, primero hay que ordenar la casa. Cada año el gobierno y el Estado tienen más ingresos por temas fiscales, pero hay menos resultados", dijo a periodistas Jorge Briz, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
El martes pasado, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), adscrita a la ONU, sugirió a las autoridades y empresarios crear un impuesto temporal a los grandes patrimonios para dotar de recursos a la Fiscalía, el Poder Judicial y otras instituciones de seguridad y justicia.
La CICIG y la Fiscalía revelaron la existencia de una estructura en el gobierno que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos aduaneros, lo que le costó el puesto al entonces presidente Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, señalados como los cabecillas de la red. Ambos se mantienen bajo investigación y en prisión preventiva.
"Después de esa serie de problemas de corrupción, veamos si el país necesita más impuestos. Hay que dejar de castigar al sector empresarial con más tributos. No es apropiado y lo único que va a hacer es alejar la inversión", señaló por su lado Nils Leporowski, presidente de la Cámara del Agro de Cacif.
Según un informe presentado por Unicef y el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en el presupuesto de 2013 la policía recibió 0,6% del producto interno bruto (PIB), mientras que la Fiscalía opera con 0,2% del PIB, cifras consideradas insuficientes para enfrentar a la criminalidad generada principalmente por pandillas y el narcotráfico.
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