Una parte del paquete de 11.000 millones en ayudas a empresas y autónomos afectados por las restricciones de la pandemia sí incluirá finalmente transferencias directas, según confirman a La Información diferentes fuentes gubernamentales. Tras un intenso tira y afloja con los empresarios, la Vicepresidencia económica de Nadia Calviño ultima este paquete de rescate a empresas que puedan garantizar su viabilidad a medio y largo plazo. Es una cuestión de cirugía fina que se está ultimando en este momento. El Gobierno financiará la operación vía emisión de deuda, que actualmente se encuentra en el 117% del PIB.
El diseño del plan anunciado por Pedro Sánchez hace justo una semana en el Congreso de los Diputados está preparándose a través de tres mecanismos, al menos. Uno de ellos será el ya anunciado paquete para reestructurar las deudas contraídas por las empresas con los préstamos del ICO que se está negociando en este momento Economía con la banca. Otra de las opciones fue anunciada este martes por la ministra portavoz y responsable de Hacienda, María Jesús Montero: ventajas fiscales, sin concretar nada más. Y, por último, el Ejecutivo estudia destinar un porcentaje de los 11.000 millones totales a las citadas transferencias directas para el sector de la hostelería y el turismo, esencialmente. Con condiciones eso sí.
Todo está diseñándose y podría sufrir modificaciones, como ya ocurrió hace unos meses con el Plan Horeca. Pero las fuentes consultadas apuntan a que esta parte del paquete con ayudas finalistas las gestionarían directamente las comunidades autónomas, que son las que han impuesto las restricciones a la movilidad. Se trataría, por tanto, de una estrategia similar a la ya activada en verano con el Fondo Covid de 16.000 millones y con los 10.000 millones de la iniciativa REACT-EU. En este segundo fondo, por cierto, se contemplaba dedicar 2.000 millones a ayudas directas a autónomos y a pymes afectados por la pandemia, que ya se están empezando a gastar. El instrumento para el nuevo podría ser una transferencia a las regiones.
La cuantía a repartir estaría, eso sí, muy lejos de la demanda de los empresarios y del PP. Ambos reclaman 50.000 millones en ayudas directas. Tres patronales autonómicas lideran esta petición al Gobierno. Una es Foment del Treball, la catalana. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, habla de un paquete de 50.000 millones para "inyectar dinero, y no dar créditos, a los sectores productivos más afectados" por los cierres. La organización con sede en la Via Laietana de Barcelona denuncia que "el nivel de gasto público en España para ayudar a los sectores económicos y empresas más perjudicadas por la crisis económica derivada de la pandemia es sustancialmente inferior al de los principales países europeos". Llegó a escribirle una carta a Pedro Sánchez en enero reclamando ese rescate a empresas viables. En el mismo sentido se posiciona CEIM y su presidente, Miguel Garrido; y Salvador Navarro, líder de la patronal valenciana CEV.
La condicionalidad de las ayudas, indican las mismas fuentes, estará fijada en que las transferencias directas vayan destinadas a empresas y autónomos que puedan acreditar su solvencia (se dejará 'caer' a las compañías que no sean viables). E, importante, las ayudas se tendrían que devolver si no son destinadas específicamente a ayudar a los colectivos citados. El Gobierno pretende impulsar, por tanto, una especie de fiscalización.
La presión para que el Gobierno apruebe ya este fondo especial y concrete su contenido es externa, por parte de los empresas, e interna. No es nueva, además, sino que se viene produciendo desde hace meses. En ámbitos de Moncloa y en algunos ministerios insisten en que las medidas tienen que llegar ya al tejido empresarial. Quien más claro ha hablado en este sentido ha sido el secretario de Estado de Derechos Sociales y máximo responsable del área económica de Podemos, Nacho Álvarez, que ha afirmado, por ejemplo, "lo que el Estado no gaste ahora en ayudas directas a empresas para evitar aumentos de la deuda pública, se lo podría terminar gastando en subsidios por desempleo si quiebran las empresas en situación de fragilidad".
Todas las miradas se dirigen hacia Nadia Calviño que este lunes habló por primera vez en público de estas transferencias directas: "No se trata de dar más créditos, ya lo hicimos en noviembre ampliando el programa, ahora analizamos ayudas directas", indicó la vicepresidencia económica en una entrevista en La Hora de La 1. Pidió, eso sí, rigurosidad: "Cuando gestionamos dinero de todos los contribuyentes tenemos que tener muchísimo cuidado para que las ayudas lleguen a quien tiene que llegar". Concretó que los autónomos serán un colectivo prioritario en las ayudas.
La ministra Montero concretó este martes que el objetivo principal de este nuevo plan, que llegará "muy pronto" a Consejo de Ministros, se concentra en "mejorar" la solvencia empresarial para el "saneamiento de su situación financiera" para evitar un colapso "que ponga en peligro los puestos de trabajo". En el mismo sentido se expresó Sánchez el pasado viernes cuando habló de balones de oxígeno para los balances de empresas.
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