Intenso debate en el área económica del Gobierno por el anunciado plan de ayudas empresariales que aún no tiene fecha concreta y, lo más importante, contenido. Desde varios ministerios y desde el sector empresarial están haciendo llegar a la Vicepresidencia tercera la necesidad de aprobar de forma urgente un fondo con transferencias directas, esencialmente a las pequeñas y medianas empresas, en riesgo de insolvencia y que hayan sido afectadas por los cierres decretados, de forma desigual, en las comunidades autónomas por la pandemia. La situación, según transmiten los empresarios al Ejecutivo, es "crítica". Mientras, Nadia Calviño sigue pidiendo tiempo.
El pulso es latente y se dirige hacia el Ministerio de Economía. Dirigentes socialistas están elevando la voz ante un plan de ayudas al estilo alemán o francés que no llega. A Moncloa también ha llegado esta voz de 'auxilio'. Y Unidas Podemos, por su parte, también está presionando. Pero Calviño y su equipo contienen, el menos de momento, la decisión. Un centro de poder clave: la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. Es en esta reunión que se suele celebrar los viernes y que dirige la vicepresidenta tercera es donde se tiene que abordar el asunto y desbloquear los fondos.
El clamor empresarial para aprobar este paquete de ayudas directas también es evidente. La espita la abrió Ana Botín hace una semanas. "Las pymes y autónomos "necesitan apoyos que van más allá del crédito", dijo la presidenta del Banco Santander. La misma sensación hay entre las patronales empresariales, donde consideran que los ICO, los ERTE y las moratorias no son suficientes. "Algunos en el Gobierno no son conscientes de la realidad de la calle", indica uno de sus representantes.
Tres patronales autonómicas lideran esta petición de ayudas directas al Gobierno. Una es Foment del Treball, la catalana. Su presidente, Josep Sánchez Llibre, reclama un paquete de 50.000 millones para "inyectar dinero, y no dar créditos, a los sectores productivos más afectados" por los cierres. La organización con sede en la Via Laietana de Barcelona denuncia que "el nivel de gasto público en España para ayudar a los sectores económicos y empresas más perjudicadas por la crisis económica derivada de la pandemia es sustancialmente inferior al de los principales países europeos". Llegó a escribirle una carta a Pedro Sánchez en enero reclamando ese rescate a empresas viables.
Por poner cifras: en nuestro país, durante los últimos cuatro meses de 2020, las ayudas en relación al PIB oscilaron entre el 3% del mes de septiembre y el 3,7% de diciembre, porcentajes significativamente inferiores a los de Alemania (7,7% - 9,8%), Francia (4,6% - 6,9%) o Italia (4,5% - 6,2%). Foment recuerda que el país transalpino tomó la decisión antes de la llegada al poder de Mario Draghi y que "cuenta también con un elevado nivel de déficit y endeudamiento".
Desde la patronal madrileña, CEIM, también se posicionan a favor de "un paquete de ayudas directas urgente para compensar los cierres de empresas". Su presidente, Miguel Garrido, expone a La Información que "hace falta un mecanismo que se articule con criterios objetivos y que no sea discriminatorio" para las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, que se rija en torno a criterios de caída de facturación. Recuerda que el Gobierno central ya ha habilitado el Fondo SEPI para las grandes firmas industriales pero que las pymes también necesitan un salvavidas inmediato.
Foment reclama un paquete de ayudas por 50.000 millones. CEIM pide un mecanismo objetivo. Y la valenciana CEV apuesta por una especie de Fondo SEPI
Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana CEV, también es partidario de que el Gobierno central apruebe de forma urgente un paquete de "ayudas directas para aquellas empresas que han cerrado por imperativo legal". Se refiere, esencialmente, que estas transferencias vayan dirigidas a la hostelería, comercio y ocio nocturno. Para el líder de los empresarios valencianos la condonación de los ICO no es suficiente y recuerda, además, que hay empresas en serias dificultades que no han solicitado estos préstamos al banco que preside José Carlos García de Quevedo. Desde la Comunidad Valenciana ponen sobre la mesa dos opciones más: convertir una parte de los ICO en préstamos participativos, un vía similar a la que emplea el Gobierno en el Fondo SEPI con las grandes empresas, y bonificar (que no condonar) el crédito en un porcentaje determinado. El pulso está ahí.
En Economía, por su parte, se refieren a un paquete de auxilio con "nuevas medidas de apoyo a la solvencia", o algunas ampliadas. No descartan ayudas directas a las empresas como las aprobadas en Alemania (10.000 millones), en Francia (6.000) o en Italia (5.400), pero tampoco las confirman. La decisión final aún no está tomada. El Gobierno central señala, además, que ya hay gobiernos autonómicos que han aprobado, o están en vías de hacerlo, paquetes de ayudas directas a los sectores más perjudicados por el Covid. Es el caso de Baleares, Cataluña, Galicia, La Rioja y Murcia. Andalucía ya ha presentado un plan y la Comunidad de Madrid lo ha incluido en sus presupuestos. Desde el Ejecutivo de Sánchez recuerdan, además, que las restricciones sanitarias o de movilidad no son simétricas en todas las autonomías, de forma que lo idóneo sería que esas ayudas directas llegaran desde los entes territoriales.
Ante las dudas que están generando las transferencias directas, el nuevo marco temporal de ayudas abierto por la Comisión Europea sí ha habilitado al Gobierno a plantearse convertir una parte de los créditos que la banca y el ICO concedieron a las empresas, y que amenazan con ahogarlas, en subvenciones, de forma que puedan contar con un colchón adicional de solvencia que les permita sobrevivir a la tercera ola y a las que vengan por delante. Esta decisión, para los empresarios, es buena pero insuficiente. Reclaman que vaya acompañada de los citados cheques a las compañías.
La Vicepresidencia de Asuntos Económicos ya ha admitido que el nuevo marco temporal de la UE para prolongar las ayudas a la solvencia empresarial abre la opción de "convertir las ayudas en forma de anticipos reembolsables, garantías, préstamos u otros instrumentos en subvenciones directas", lo que da pie a una opción que tanto en el seno del equipo de Calviño como en el Banco de España han estado analizando en las últimas semanas. A partir de ahora se trata de abordar el ajuste fino para definir, lo antes posible, el porcentaje de los créditos ICO (unos 130.000 millones de euros concedidos hasta ahora) que puede transformarse en capital de las empresas y qué parte de esa quita (ayuda a fondo perdido) deben soportar los bancos. El sector no lo ve nada claro.
La propia vicepresidenta tercera expuso la pasada semana que este nuevo paquete de ayudas empresariales está siendo diseñando "aliviar la carga financiera de las empresas viables" y anunció que su intención es aprobarlo en marzo. Los empresarios quieren que sea cuanto antes y que, incluso, la Delegada de este viernes aborde el asunto para ser abordado en Consejo de Ministros el primer martes del próximo mes.
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