Las irregularidades detectadas por la Seguridad Social y la Policía en la concesión de subvenciones para cursos de formación destinados a la inserción laboral en Andalucía han sido variadas. Cada empresa rastreada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que recibió fondos del Servicio Andaluz de Empleo incumple unos requisitos distintos de las otras. Algunos, de hecho, pueden considerarse más graves y otros menos.
Entre estos últimos se pueden enmarcas las irregularidades relativas al momento en el que se concedieron las ayudas, ya que en algunos casos las empresas que las recibieron ni siquiera habían sido constituidas, según las primeras indagaciones realizadas por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF, encargada de las pesquisas.
Hay empresas, explican fuentes policiales, a las se les concede la subvención antes de estar constituidas en el Registro Mercantil. Sí acudían a registrarse para conseguir el número con el que hay que ir a Hacienda con objeto de conseguir un CIF, pero luego no volvían al Registro para constituirse como empresa, detallan las mismas fuentes.
Existen otros casos, continúan, en los que las sociedades que recibían la subvención llevaban apenas un año constituidas, con lo que también éstas estarían incumpliendo las exigencias legales, que piden que la concesionaria tenga más experiencia en la formación.
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La trama investiga por el momento 17 empresas de la provincia de Málaga que recibieron ayudas del Servicio Andaluz de Empleo en 2010. Sin embargo, la Policía pretende continuar el rastreo de adjudicatarios a través de la extensión a otros ejercicios y al resto de provincias de la comunidad autónoma.
Las subvenciones otorgadas se enmarcaban dentro del programa denominado Formación Profesional Ocupacional, que tiene la finalidad de facilitar la inserción laboral de los ciudadanos. De hecho, uno de los compromisos asumidos por las empresas que recibían las ayudas era buscar un primer empleo a los alumnos que hacían el curso, que se desarrollaba durante seis meses. Al cabo de los mismos, la adjudicataria tenía la obligación de contratar al 60% de los alumnos o de buscarle un trabajo en alguno de los negocios que previamente había indicado en el pliego presentado para solicitar la subvención.
El dinero repartido por el Servicio Andaluz de Empleo a estas empresas de forma presuntamente irregular provenía a su vez del Fondo Social Europeo, que concede ayudas a las regiones comunitarias con el fin de promover la contratación. De hecho, tras conocer la noticia de que la Policía estaba investigando a la Junta de Andalucía, Bruselas advirtió que pediría explicaciones al Gobierno regional.
La UDEF pretende extender sus investigaciones a todo el territorio andaluz y al periodo comprendido entre 2009 y 2012, que coincide con la última etapa de Manuel Chaves al frente del Ejecutivo autonómico y con todo el mandato de José Antonio Griñán.
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