La investigación por la venta de la Torre Cepsa sigue adelante. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera que hay motivos suficientes para prorrogar, al menos otros seis meses, la causa abierta por la operación de compraventa de uno de los rascacielos más altos de España en septiembre de 2016. Entre los principales motivos para extender la instrucción se encuentra la localización de Khadem Al Qubaisi, el jeque que presidía la petrolera y que revendió el edificio en tan solo un día, incrementando su precio en cerca de 100 millones de euros.
Según han informado fuentes jurídicas a La Información, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado extender las pesquisas hasta enero de 2023 para poder recabar más pruebas. Las diligencias a practicar, según han informado fuentes cercanas a la investigación, están relacionadas con el resultado pendiente de comisiones rogatorias, como la librada a Emiratos Árabes Unidos en la que se solicita encontrar al jeque árabe para poder interrogarle sobre estos hechos. No obstante, las mismas fuentes advierten de la dificultad que esta actuación tenga éxito, ya que España no tiene convenio de cooperación jurídica con este país.
Por otro lado, el magistrado también ve necesario interrogar a más testigos para arrojar luz sobre cómo se hizo la operación de traspaso de la torre que era propiedad de Bankia al jeque árabe, aunque en tan solo 24 horas pasó a estar en manos de la inmobiliaria Pontegadea, firma de Amancio Ortega. Estas comparecencias tendrán lugar después de que el magistrado de la Audiencia Nacional haya realizado en los últimos meses una intensa ronda de declaraciones, por la que han pasado el expresidente de Bankia Ignacio Goirigolzarri (actual presidente de CaixaBank); el ex CEO de la entidad José Sevilla; el exsecretario del Consejo de Administración Miguel Crespo; la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa; la secretaria del consejo de administración de este banco, Gloria Calvo Díaz; o el exvicepresidente de Cepsa Pedro Miró. Todos ellos defendieron la legalidad de la operación.
Los entonces responsables de Bankia explicaron que se 'deshicieron' del rascacielos que diseñó el arquitecto Norman Foster porque así lo obligaba la normativa tras la nacionalización del banco. En principio, en 2013 se firmó un contrato de alquiler con opción a compra con Muscari Property, sociedad que Al Qubaisi creó para esta operación. La venta finalmente se cerró en 2016 por 400 millones de euros. No obstante, la empresa del jeque revendió el edificio al día siguiente por el importe de 490 millones de euros a la inmobiliaria propiedad del dueño de Inditex. Es el destino de esta plusvalía de alrededor de 100 millones de euros lo que investiga precisamente la Audiencia Nacional.
Crédito de 400 millones
En dicha operación, entró en juego un crédito de Bankinter de 400 millones de euros, con el que se efectuó la compra de la Torre Cepsa a Bankia. Los directivos de esta entidad financiera destacaron, durante sus comparecencias como testigos, que el Consejo de Administración de la entidad aprobó el préstamo al no ver tachas de irregularidad, pese a que en esas fechas de 2016 saltaron las alarmas por las noticias de que Al Qubaisi estaba involucrado en el desfalco multimillonario del fondo malasio 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Según las fuentes jurídicas consultadas, tanto Dancausa como los altos cargos del banco indicaron que dieron luz verde al crédito porque sabían que el nuevo comprador iba a ser Pontegadea y que éste, a su vez, iba a utilizar un crédito de BBVA. Por tanto, no había riesgo de blanqueo de capitales y el flujo de fondos estaba totalmente dentro del circuito legal.
Sin embargo, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) no lo vio igual e impuso, en octubre de 2020, una sanción de 8,2 millones de euros a Bankinter por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales con esta operación. La unidad de inteligencia financiera concluyó que el banco tuvo perfecto conocimiento de que la persona que estaba detrás de la sociedad que solicitó el préstamo era el jeque, quien en dicho momento estaba investigado en varios países por el escándalo financiero internacional; detenido entonces en Emiratos Árabes; y con los fondos bloqueados. La multa, a raíz de la cual comenzó a investigar Anticorrupción, se encuentra recurrida ante la Audiencia Nacional.
El Sepblac impuso una sanción de 8,2 millones de euros a Bankinter por incumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
A lo largo de la investigación, el juez instructor José Luis Calama ha recibido respuesta a varias comisiones rogatorias, en las que especifican que en Malasia no pesa ninguna condena sobre Al Qubaisi por el desvío millonario de fondos de 1MDB y que en Estados Unidos solo consta una sentencia en su contra por la jurisdicción civil, apuntan las fuentes cercanas a esta causa.
Por su parte, el exvicepresidente de la petrolera, Pedro Miró, tampoco advirtió ante el juez ninguna irregularidad. En este sentido, de acuerdo con lo indicado por las fuentes consultadas, apostilló que Al Qubaisi alquiló y compró la torre no como presidente de la compañía, sino a título personal. No obstante, debido a que Cepsa se encontraba en ese momento buscando un nuevo inmueble para instalar su sede, se decidió trasladar las oficinas hasta dicho punto, tanto por la funcionalidad del edificio, como para mejorar la marca reputacional.
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