En busca de una respuesta administrativa

Meses y más meses para recibir la ansiada ayuda para el alquiler de vivienda. La Renta Básica de Emancipación, el plan estrella del Gobierno para fomentar la cultura del alquiler y ayudar a dar el salto a la emancipación a los más jóvenes, ha superado los dos años desde que entró en vigor, en enero de 2008, y aún existen algunos flecos que limar para convertirlo en un servicio eficaz para los ciudadanos.

Ese es el motivo por el que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunciará este martes una batería de medidas para contrarrestar los inconvenientes que su tramitación está ocasionado a muchos solicitantes, que esperan con incertidumbre los 210 euros al mes que prometió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según datos de diciembre, más de 314.000 personas solicitaron la prestación, de las cuales 167.472 han sido aceptadas con el correspondiente ingreso en sus cuentas bancarias cada mes. Por el camino se han quedado miles de personas, sobre todo aquellos que no han acreditado el pago del alquiler (22.057 personas). Pero hay otros tantos que están pendientes aún de una respuesta administrativa: 59.168 jóvenes.

"Plazo máximo de dos meses"

Juncal González, de 28 años, es una de las afectadas por esta lentitud en la tramitación de la ayuda. Cuenta que solicitó la Renta Básica de Emancipación en Madrid en julio de 2009 y que no ha visto ni un euro hasta la semana pasada, ocho meses después: "Te encuentras un poco en el limbo durante todo el procedimiento, nadie sabe nada ciertamente y te guías un poco por experiencias que lees en foros de Internet y algún que otro conocido en la misma situación", explica.

Para poder acceder a la Renta Básica de Emancipación hay que cumplir varios requisitos: tener entre 22 y 30 años, contar con una fuente regular de ingresos que no supere los 22.000 euros brutos anuales, atesorar una vida laboral de al menos 6 meses de antigüedad y ser titular de un contrato de alquiler.

Los obstáculos comienzan una vez rellenado el formulario de solicitud. En esta fase participan las Comunidades o Ciudades Autónomas a través de su departamento competente en materia de vivienda, que comprueba que se cumplen todos los requisitos y comunica la resolución "en el plazo máximo de dos meses".

Sin embargo, como relata Ainhoa Ramos, de 29 años y residente en Vitoria, los tiempos no se cumplen. "La solicité a finales de julio de 2009 y me la concedieron unos tres meses más tarde aproximadamente". En una situación similar se encuentra Patricia González, también de 29 años, que solicitó la ayuda a mediados de julio del año pasado, le pidieron adjuntar más documentación en noviembre y no recibió el fallo de la resolución hasta enero.

"Creo que el proceso es demasiado lento y engorroso. En mi caso, cuando hice la solicitud estaba trabajando para mi actual empresa pero por medio de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), por lo que tuve más problemas con el papeleo", cuenta González.

Una vez que la Comunidad autoriza la prestación, el beneficiario tiene que encauzar el pago a través de una entidad bancaria. El Ministerio de Vivienda ingresará el importe en la cuenta del solicitante, que será de hasta 210 euros en función del número de titulares del contrato de alquiler.

A partir de este momento aparece un nuevo estorbo: la obligación de enviar el recibo del pago del alquiler al Ministerio con una periodicidad de, al menos, dos meses en el caso de que este se realize por domiciliación bancaria.

Esto es motivo de queja por parte de los solicitantes, que encuentran el proceso un tanto complejo desde el punto de vista burocrático. "Creo que deberían aprovechar las nuevas tecnologías para agilizar el trámite porque es un incordio enviar los recibos de manera física cuando existe Internet. Además, somos gente joven y sabemos manejarnos mejor en este entorno", señala Carmen Pérez, de 27 años.