Los cuatro detenidos en la causa contra el exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo por blanquear en España fondos relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) han quedado este miércoles en libertad tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El juez ha impuesto a los cuatro, así como al propio Raúl Morodo, que ha declarado justo antes de los arrestados citado por el juez, medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir de España, han informado fuentes de la Audiencia.
Los detenidos que han quedado libres son Alejo Morodo, hijo del exembajador; Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo; la mujer de éste y la esposa de uno de los investigados en la causa.
Raúl Morodo acudió a declarar
Raúl Morodo no fue detenido en la operación por su avanzada edad (84 años) y ha acudido este miércoles a declarar. Según han indicado a Efe fuentes jurídicas, se ha desvinculado del cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Según la Fiscalía, este dinero lo percibió supuestamente su hijo mediante contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.
El dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, en las que figuraban las dos mujeres detenidas como partícipes, cuando ambas son amas de casa. Los investigadores sospechan que parte del dinero lo lavaron luego con inversiones inmobiliarias en España.
Además de las detenciones, en la operación desarrollada el pasado lunes por la UDEF se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007. A los investigados se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.
Este caso contra el que fuera embajador español en Venezuela, con el régimen de Hugo Chávez en el país sudamericano y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España, tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana que se investiga en varios juzgados españoles.
El saqueo a PDVSA lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.
Los desvíos de la petrolera, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.
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