Encarcelan a cuarto sospechoso de quemar a periodista boliviano

  • Un juez ordenó hoy encarcelar al cuarto sospechoso de quemar al periodista boliviano Fernando Vidal y a su operadora Karen Anze cuando dirigían el lunes programa en la radio Popular en el pueblo de Yacuiba, fronterizo con Argentina.

La Paz, 1 nov.- Un juez ordenó hoy encarcelar al cuarto sospechoso de quemar al periodista boliviano Fernando Vidal y a su operadora Karen Anze cuando dirigían el lunes programa en la radio Popular en el pueblo de Yacuiba, fronterizo con Argentina.

El periodista Esteban Farfán, que trabaja en la misma emisora y es yerno de Vidal, informó hoy a Efe que el juez Fabián Gareca tomó la decisión de enviar a prisión a José Omar Portal Paredes, detenido el miércoles por la Policía, al estar imputado por intento de homicidio y allanamiento, como los otros tres supuestos cómplices.

Los otros encarcelados son Juan José Camacho, Jairo Freddy Cejas y Edwar Vargas, según un boletín del ministerio de Comunicación.

El lunes, cuatro personas con el rostro cubierto irrumpieron de forma violenta en la sede de radio Popular, hicieron disparos, derramaron gasolina sobre Vidal y en los equipos y les prendieron fuego causando también quemaduras a Anze.

Vidal es tratado actualmente de sus graves quemaduras en un hospital de la ciudad boliviana de Santa Cruz.

El Gobierno ha dado casi por seguro que los detenidos son los autores del atentado y además ha sostenido que no hay un móvil político en el crimen, aunque si reconoce que los cuatro respondieron a órdenes de terceros que pueden ser contrabandistas.

En cambio, la familia de Vidal ha declarado que no se puede descartar un móvil político porque el periodista era muy crítico de los políticos de Yacuiba aliados del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales.

Farfán dijo que hay información sobre otras dos o tres personas más supuestamente implicadas en el crimen, cuyas viviendas serán allanadas de un momento a otro por la policía.

El atentado fue condenado de forma generalizada en el país por asociaciones de periodistas, de medios, el Gobierno y la oposición y también por la Sociedad Interamericana de Prensa, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras.

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