El debate abierto sobre la transición hacia una economía descarbonizada ha puesto en evidencia el funcionamiento de los organismos supervisores. Las aguas bajan revueltas en la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por las críticas de su presidente José María Marín Quemada a la ley del clima de Baleares. En el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), las polémicas tienen que ver con puertas giratorias frustradas y con la entrada de Podemos en una renovación in extremis. Ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se libra de objeciones: asociaciones ecologistas y de renovables la critican por su presunta permisividad con los cambios en los balances de las eléctricas.
En la CNMC no son precisamente tiempos tranquilos. El presidente Marín Quemada remitió un escrito al presidente del Parlament Balear, Baltasar Picornell, en contra de la Ley de Cambio Climático y Transición energética autonómica. La carta ha levantado ronchas. En la misiva, Marín mostró su rechazo a la prohibición de los vehículos diésel en las islas porque "parece no ajustarse a los principios de buena regulación" y puede perjudicar a la actividad económica.
La iniciativa de Marín Quemada ha reabierto heridas en el macroorganismo creado en el año 2012. Fuentes de la Comisión recuerdan que la CNMC solo manifiesta su posición a través de los acuerdos, informes y resoluciones de su consejo. En otras palabras: Marín ha actuado por libre el caso de la ley balear enviando una carta, a título personal, que ni vincula ni compromete al consejo de la CNMC, que es, recuerdan, el único órgano de decisión.
Todo según la ley
La versión oficial de la CNMC es distinta. Según su portavoz, Marín Quemada se atuvo en todo momento a lo que dispone la ley de creación de la CNMC en su artículo 5.4: "En cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados".
Llueve sobre mojado. Las críticas a Marín Quemada por su actuación frente a la ley balear –que apoyan el PSOE, Més y Podemos- se suman al malestar interno por los revolcones de los tribunales a las multas millonarias que impone la sala de Competencia. Son abono en tierra fértil para una polémica que, según la portavoz de la CNMC, sencillamente "no existe".
Pero si en un lugar se han echado pulsos por los cambios que se preparan en el sector energético ha sido en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El consejo ha sido campo de batalla política entre PSOE y PP y también motivo de preocupación para la SEPI por el conato de puerta giratoria -frustrado- entre el Consejo y la empresa pública Enusa.
Los partidos deciden
El trabajo del CSN es fundamental para los planes de cierre de las nucleares. Según sus estatutos, el Consejo es "un Ente de Derecho Público, independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de los del Estado". En la práctica, los partidos políticos deciden la composición del Consejo y pueden condicionar algunas de sus decisiones, como se demostró en el caso de Garoña. En 2015, el PP maniobró para tener mayoría en el Consejo; en 2019, el PSOE intenta obtenerla con los nombramientos recién anunciados.
La CNMV tampoco se libra de las críticas. Asociaciones ecologistas y de renovables exigen explicaciones al organismo por permitir que las empresas eléctricas decidan de forma dispar los criterios de amortización que aplican a activos como las nucleares o, directamente, su depreciación. Consideran que los manejos contables pueden afectar no solo a la cuenta de resultados de la empresas, sino también a las inversiones y, por lo tanto, a la seguridad. Como ha desvelado la batalla abierta por la renovación de licencia de Almaraz, Endesa amortiza sus nucleares a 50 años e Iberdrola y Naturgy, a 40.
En un encuentro organizado por la Fundación Renovables y Greenpeace, portavoces de distintas asociaciones cuestionaron la labor de los supervisores en el sector energético. Francisco Castejón, de Podemos, (propuesto por el Gobierno como consejero del CSN) criticó la falta de transparencia y el "falseamiento" de costes; Nieves Guitián (asociación de técnicos ASTECSN) cuestionó la opacidad que existe en el CSN, y Fernando Ferrando (Fundación Renovables) destacó el silencio de la CNMV ante los cambios contables de las empresas energéticas. Críticas para todos.
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