La Audiencia Nacional acoge desde este jueves los interrogatorios a los ocho directivos del BBVA y Rafael Redondo, socio de Villarejo, con la lupa puesta en el grado de conocimiento que todos ellos pudieron tener en los pagos que efectuó la entidad al entramado del comisario jubilado. Aunque el magistrado Manuel García Castellón les imputó por el cargo que ostentaban dentro de los departamentos desde donde se efectuaron los pagos, los investigadores pondrán el foco en el exconsejero delegado de la entidad Ángel Cano y el exjefe de seguridad de la entidad Julio Corrochano, por su estrecho vínculo con Francisco González.
Todos ellos, imputados por delito de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos, afrontan tener que responder en primer lugar por las transferencias que se efectuaron desde cuentas relacionadas con los departamentos que dirigían en el momento de los hechos. El instructor les citó este mismo martes como investigados tras incorporar a la causa la información reclamada hasta en varias ocasiones al BBVA en relación con estas cuentas bancarias desde las que se habrían abonado hasta 10 millones de euros al entramado empresarial del agente encubierto.
Dichos pagos se enmarcan en el contrato firmado entre la entidad y Cenyt después de que la cúpula del banco recurriera a los servicios de espionaje de Villarejo para frenar el intento de asalto de Sacyr al banco. El acuerdo suscrito entre las partes devino en la interceptación ilegal por parte del entramado del comisario jubilado de teléfonos de periodistas, empresarios y hasta políticos vinculados con el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El entonces presidente de la entidad, Francisco González, dijo adiós a la presidencia de honor el pasado mes de marzo no sin antes apuntalar su teoría al rubricar en una carta que la operativa contó "con la colaboración inexplicable de parte del Gobierno (del PSOE), que no salió en defensa de la institución, como era su deber".
Relación dilatada en el tiempo
Por todo ello, los altos cargos del banco implicados ahora en esta pieza secreta del caso Tándem no solo serán preguntados por los pagos efectuados sino también por si conocían la existencia de este contrato que firmó, como venía siendo habitual en los negocios de Cenyt, el abogado Rafael Redondo, apoderado de muchas empresas del grupo. Entre los citados a declarar se encuentran el exresponsable del departamento de finanzas (Javier Malagón Navas), de contabilidad (Ricardo Gómez), de red de banca comercial (Ignacio Pérez Caballero) y de riesgos (Antonio J. Béjar).
Pero las pesquisas no solo se dirigen contra los principales directivos de esta área ya que también tendrán que responder por estos hechos el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, y su sucesora en el cargo, Inés Díaz Ochagavia. A Corrochano, que aterrizó en el banco procedente de la Comisaría General de la Policía Nacional, se le atribuye el papel de 'conector' entre la cúpula del banco con el entramado al que le encargó las labores de espionaje, teniendo en cuenta su dilatada carrera en el cuerpo.
De hecho, aunque la imputación formal se ha producido esta semana, su nombre ya sonaba no solo por su implicación en esta pieza novena de la causa sino también por otra pata del procedimiento vinculada al BBVA y relacionada con otro encargo de espionaje por parte de algunos empleados de Herrero y Asociados. Tanto es así que, de la documentación que aportó la entidad tras el "requerimiento de información bancaria" efectuado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 el pasado mes de febrero, se localizó determinada información relevante para esta pieza separada. La misma consistía en el envío de correos electrónicos que la entidad cruzó mucho después del encargo por el que se imputa a Corrochano, esto es, en los años 2012 y 2012.
Detalles de la cadena de mando
Los mismos revelaron cómo un inspector de la Policía (ahora jubilado) requirió determinada información bancaria sobre el despacho IP Balder ante las sospechas de que hacía competencia desleal al bufete que encargó estos servicios de espionaje. El 'topo' que filtró toda esta información confidencial y sensible resultó ser un alto cargo del banco que trabajó en el mismo área en la que era jefe Corrochano. No obstante, la investigación se ha dirigido no tanto hacia los interlocutores de estas comunicaciones como a indagar de qué cuentas salieron los pagos del banco y a qué departamentos concretos pertenecían.
Con todo, tanto el magistrado como los fiscales Anticorrupción de la causa se interesarán por conocer en estas dos sesiones de interrogatorio los pormenores de la cadena de mando de estos movimientos de los que, de acuerdo con las escuchas practicadas por el comisario jubilado a Corrochano, eran plenamente conocedores tanto Ángel Cano como el propio FG, presidente del banco durante 18 años. No obstante, algunos acusados podrían optar por acogerse a su derecho a no declarar a tenor de la premura con la que se han convocado las citaciones así como por el hecho de que las actuaciones de esta causa permanecen secretas en aras a no entorpecer el avance de la misma.
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