La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha pagado a los municipios cercanos a las centrales nucleares 580.062.462,69 euros entre 1989 y 2018, según datos oficiales de la empresa pública recabados por La Información. Enresa concreta el dato mientras elabora el nuevo plan de residuos radiactivos que debe sustituir al vigente, del año 2006, y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de aprobar el Plan Nacional de Energía y Clima que prevé el cierre escalonado de centrales nucleares con el límite en el año 2035.
El calendario de cierre del parque nuclear ha llevado la inquietud al centenar de municipios que han cobrado ayudas desde hace tres décadas por estar próximos -hasta 20 kilómetros- a instalaciones en las que se almacenan los residuos que generan los reactores. Una inquietud fundada. Si se convierten los 580 millones de euros a la moneda en la que comenzaron a cobrar las ayudas anuales -la peseta- se entiende la preocupación. Las arcas de alrededor de 100 municipios han recibido en 30 años 96.503 millones de pesetas. Un caudal de dinero que ha marcado la vida de municipios, en general pequeños, que temen el fin del maná.
Los representantes de los municipios -72 situados a menos de 10 kilómetros de centrales y 100 si se amplía el círculo a 20 kilómetros- han mantenido reuniones con los nuevos responsables de Energía. No han sido satisfactorias. La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) lo ha detallado en un comunicado en el que sostiene que "el cierre del parque nuclear español no tiene ninguna justificación más allá de una voluntad política".
El ejemplo de Zorita
En el documento publicado esta misma semana, AMAC reprocha también que el Gobierno "no se haya planteado en ningún momento la definición y puesta en práctica de un plan alternativo de desarrollo económico, desresponsabilizándose así de la gran cantidad e impacto de efectos sociales del cierre".
Todos los municipios que reciben ayudas temen acabar como el de Almonacid de Zorita (750 habitantes, a 70 kilómetros de Guadalajara), que albergó la primera central nuclear española -José Cabrera- en proceso de desmantelamiento desde 2010. Según AMAC, "ninguna administración pública, ni el Estado, ni la Comunidad Autónoma, ni la Diputación provincial se han preocupado ni implicado en el futuro de los ciudadanos de los municipios de la zona".
Los municipios reciben las ayudas desde el año 1989, y por mandato de sucesivas Órdenes Ministeriales. La última orden data de 2015. Regula las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones nucleares, con cargo al fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos. Lo más interesante es que hace un somero examen de lo logrado con el dinero entregado a los ayuntamientos desde el inicio, a finales de los años 80. Y no es muy optimista sobre los efectos de los 580 millones canalizados.
Una gran dependencia
Según recoge la orden "transcurridos 25 años desde el origen de este tipo de ayudas", Industria constata que los municipios "aún mantienen una marcada dependencia económica de las nucleares", debido "a la baja incidencia" que estas ayudas han tenido en su desarrollo por su "escasa" aplicación a proyectos de inversión para generar economías alternativas.
Para suavizar las consecuencias de los cierres previstos en nucleares y centrales de carbón, Transición Ecológica ha anunciado una Estrategia de Transición Justa que tendrá en cuenta recomendaciones aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento 'Directrices para una Transición Justa' del año 2015.
Entre esas directrices figuran medidas de protección social y apoyo para las empresas y los trabajadores de sectores perjudicados por la transición al desarrollo sostenible; disposiciones relativas a una transición justa en las agendas de todos los ministerios competentes -en lugar de asignarlas a uno solo-, y la búsqueda de consenso con todos los agentes sociales.
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