El 95% de entidades del sector público estatal se someten al Tribunal de Cuentas y el 85% de las autonómicas

Así consta en el informe sobre la actividad anual del Tribunal de Cuentas correspondiente al año 2015, ejercicio en el que volvió a mejorar su actividad de fiscalización al registrar una mejora tanto en términos de cuentas rendidas en sus tres ámbitos de actuación del sector público, como en el descenso en el porcentaje de cuentas no rendidas.

En concreto, el número de cuentas rendidas en el sector público estatal fue de 396, lo que supone un 95% del total, mientras el número de no rendidas fue de 22. En el sector público autonómico el nivel de rendición fue del 85%, con 205 cuentas rendidas y 35 no cumplidas, mientras que en el sector local se registra el nivel de rendición más bajo, del 76%, con un total de 9.240 cuentas rendidas del total de 12.203 entidades.

Respecto a la contratación pública del ejercicio 2015, se observa una disminución en el número de extractos de expedientes de contratos remitidos por el sector público estatal. La partida de contratos formalizados y remitidos en el propio ejercicio, correspondientes a los ministerios, organismos y entidades del sector público empresarial, se ha situado en 1.452 expedientes en 2015 por un importe total de 3.896 millones de euros, frente a los 1.584 de 2014 por 4.278 millones, debido en parte a la reducción de las licitaciones y concursos de contratación pública.

Por el contrario, los expedientes enviados al Tribunal de Cuentas por las entidades del Sistema de la Seguridad Social y de sus mutuas colaboradoras han registrado un importante crecimiento: siendo de 582 en 2015 frente a 359 en 2014. Mientras, el número de contratos remitidos por las entidades del sector público autonómico y local ha pasado de 175, en 2014, a 324 en 2015, en el primer caso y de 140 a 129.

62 INFORMES DE FISCALIZACIÓN.

El informe también muestra que la actuación de control externo del Tribunal de Cuentas, en términos de informes aprobados por el pleno de la institución, se ha incrementado en un 12,6%.

En total, en 2015 se aprobaron 62 informes de fiscalización, superando los 55 del año anterior, además de la Memoria Anual del Tribunal. De esos 62 informes, 10 son de mandato legal, 6 relativos a las Cortes Generales y asambleas legislativas y 46 de iniciativa propia del organismo.

Según el ámbito de fiscalización, la mayoría (28) se correspondió al sector público estatal, seguido del autonómico (1), local (13) y los partidos políticos (6).

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.

Por otra parte, durante el año 2015, tras apreciarse indicios de presuntas responsabilidades contables, la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tramitó 512 diligencias preliminares y 27 acciones públicas.

Estos procedimientos fueron abiertos por iniciativa del Tribunal de Cuentas, de los OCEX, de otras instituciones públicas o a partir de denuncias de origen diverso. En términos globales, la actividad de la sección ha dado lugar durante 2015 a la resolución de 1.389 asuntos, un dato que confirma a la tendencia alcista que se viene desarrollando durante los últimos años, ya que en 2014 los asuntos resueltos se cifraron en 1.143, y en 2013, en 1.004, lo que supone un incremento del 21,5% y del 38%, respectivamente.

LIQUIDACIÓN DE 63 MILLONES DE EUROS.

De su lado, la actividad realizada durante 2015 por la Unidad de Actuaciones Previas del Tribunal de Cuentas ha dado lugar a que se levantaran actas de liquidación por una cifra total de 63.063.202 euros.

Esta cantidad, que es el resultado de la tramitación de 391 procedimientos de responsabilidad contable acometidos por la Sección de Enjuiciamiento, supera en un 329,27% a los 14,6 millones de euros que fueron liquidados durante 2014, a través de 300 procedimientos.

En cuanto a los 391 procedimientos de reintegro tramitados por el Tribunal de Cuentas en 2015, un 30,3% más que en el ejercicio anterior, desglosados por sectores y ámbito territorial, 97 de los procedimientos han correspondido al sector público estatal, con una cuantía liquidada de 1,49 millones de euros; 160 al sector público autonómico, con 49,9 millones de euros, y 134 al sector público local, con 11,6 millones de euros.