Entidades sociales piden concreción del protocolo de atención a las víctimas

Madrid, 17 oct.- Un grupo de entidades sociales que asisten a víctimas de trata, como Proyecto Esperanza, han reclamado mayor concreción en el protocolo de atención a estas mujeres, de conceptos como "colaboración con las autoridades" y "situación personal", para evitar inseguridad jurídica y diferencias en su interpretación.

Son algunas de las recomendaciones, enviadas a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por la Red Española Contra la Trata de Personas, al borrador de Protocolo Marco de Atención a Víctimas de Trata.

Según Proyecto Esperanza, miembro de la red, las entidades sociales consideran clave definir ese protocolo, que fija las pautas de actuación para la detección, identificación, asistencia y protección de las víctimas de trata de seres humanos, algunos conceptos vinculados a la colaboración de las mujeres con las Fuerzas de Seguridad.

Reivindican que se garantice durante ese trámite, su participación a lo largo de todos los procesos previstos en el protocolo, con el fin de poder ofrecer a las víctimas una correcta información y asistencia que cubra sus necesidades y asegure el acceso a sus derechos.

Además, Proyecto Esperanza destaca que el protocolo debe incluir unos principios generales de actuación en los que se conceptualice la trata de seres humanos como una grave violación a los derechos humanos y se establezca que siempre debe primar el interés de proteger a la víctima.

En sus alegaciones, plantean que el protocolo debe garantizar la participación de las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia integral a estas víctimas, especialmente en la detección de casos, la identificación, valoración de la existencia de indicios de trata, valoración de la situación personal de la víctima y asistencia para cubrir sus necesidades.

Entienden que debe apreciarse la "situación personal" para autorizar la concesión de una autorización de residencia y trabajo cuando concurran factores que aconsejen la permanencia de la víctima en territorio español, atendiendo a circunstancias como su salud, seguridad, situación familiar, situación social, vulnerabilidad, entre otras.