Tegucigalpa, 14 abr.- De las 361 víctimas del incendio en la Granja Penal de Comayagua, Honduras, hace dos meses, 335 cadáveres han sido entregados a sus familiares, incluido un mexicano el pasado viernes, y los restantes 26 no han sido identificados, informó hoy una fuente oficial.
El portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, dijo a Efe que de las 361 personas que murieron en el centro penal, incluida una mujer que visitaba a su marido, 26 cadáveres no han sido "plenamente" identificados.
Agregó que uno de los 335 cadáveres entregados corresponde al único extranjero muerto en el siniestro, el mexicano Luis Alonso Vásquez Ramírez, el cual fue entregado a sus familiares el viernes pasado.
"Nos falta por entregar 26 cuerpos, son los más difíciles de identificar porque son cadáveres que están calcinados y por lo tanto el material de ADN se ha deteriorado", indicó Duarte.
Duarte indicó que la identificación de los 26 cuerpos restantes se hace "a través de resultados de ADN" que ha enviado el Gobierno a Chile y Perú.
"Hay siete muestras en las que está trabajando Chile, Perú ya mandó todos los resultados y hay tres muestras más en el laboratorio de genética del país (Honduras)", acotó la fuente.
El incendio en la Granja Penal de Comayagua, unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, se registró entre la medianoche del 14 y la madrugada del 15 de febrero, y según un equipo de expertos de Estados Unidos la causa "fue accidental".
De las 361 víctimas del incendio, 7 murieron en el Hospital Escuela, donde todavía permanecen 2 supervivientes que sufrieron graves quemaduras.
El 26 de marzo pasado, representantes del Gobierno de Honduras admitieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, superpoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.
El Estado de Honduras llegó a un acuerdo el 28 de febrero pasado, en la CIDH, con los representantes de las víctimas de un incendio registrado en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula (norte), donde murieron 107 presos.
El acuerdo incluye un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en ese incendio, la reconstrucción de nueve cárceles, el castigo a los responsables del siniestro de 2004 y el pago de una indemnización a los familiares de las víctimas.
El 29 de marzo pasado, al menos 13 reos murieron en la cárcel de San Pedro Sula, en un motín que generó un breve incendio y un tiroteo.
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por 24 cárceles, tiene capacidad para albergar unas 8.000 personas, pero la población asciende a 12.246, según cifras de diversos organismos.
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