ERC pide regular el uso de los medios públicos de transporte por los miembros del Gobierno

  • Madrid.- ERC ha propuesto en el Congreso que el Gobierno regule el uso de los medios públicos de transporte por parte del presidente, los ministros y los altos cargos del Ejecutivo tanto en las actividades públicas como en las privadas, y en especial durante los periodos electorales.

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Madrid.- ERC ha propuesto en el Congreso que el Gobierno regule el uso de los medios públicos de transporte por parte del presidente, los ministros y los altos cargos del Ejecutivo tanto en las actividades públicas como en las privadas, y en especial durante los periodos electorales.

Se trata de una de las enmiendas que ERC ha presentado a la proposición de ley del PNV que el pleno del Congreso tomó en consideración el pasado mes de octubre, por la que se pretende reducir la estructura del Gobierno eliminando varios ministerios.

Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas, la propuesta del PNV ha recibido aportaciones de CiU, ERC y el PSOE, éste último pidiendo la supresión de la iniciativa.

En el caso de ERC, los republicanos catalanes retoman la polémica en torno al uso de los medios públicos de transporte surgida en las pasadas elecciones europeas, cuando el PP denunció la utilización por parte del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de los aviones Falcon de las Fuerzas Armadas para acudir a mítines del PSOE.

Hoy mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado que habrá una flota de coches de incidencias para los consejeros, a la que recurrirán cuando necesiten desplazarse a lugares lejanos, y que estos automóviles serán de gama media baja.

La enmienda de ERC aboga por regular el uso de los medios públicos, incluyendo inmuebles y transporte para desplazamientos, por parte del presidente del Gobierno, los ministros y altos cargos, tanto en la actividad pública como en la privada, sobre todo en periodos electorales.

También pide esta fuerza que se establezca una comparecencia del Gobierno ante las Cortes Generales, como mínimo una vez al año, para informar sobre el grado de cumplimiento de cada una de las iniciativas aprobadas en el Congreso y en el Senado.

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