El grupo parlamentario republicano ha presentado una proposición no de ley en la que pide el traspaso de las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la Generalitat de Cataluña, debido a su "gestión deficiente" para responder a las consecuencias en el empleo derivadas de la Covid-19.
En la exposición de motivos de la iniciativa, presentada en el Congreso, recuerdan que, para combatir el impacto económico de la pandemia, el Gobierno puso en marcha los ERTE y que, hasta el pasado 1 de julio, se presentaron en Cataluña más de 97.000 expedientes que afectaban a unos 721.409 trabajadores, de los que más de 30.000 aún no han cobrado.
Tras asegurar que la Generalitat sí ha pagado las prestaciones por los ERTE que realizaron, agregan que se han puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo hasta en once ocasiones para ofrecer apoyo y que no han obtenido respuesta. Por todo ello, ERC pide que se haga efectivo el traspaso de la gestión de las prestaciones y subsidios de desempleo que actualmente gestiona el SEPE en Cataluña, para que ésta pueda ofrecer una política integral de ocupación que contemple todas sus dimensiones.
La transferencia debería incluir, "como mínimo", la organización y administración de servicios, la gestión del reconocimiento del derecho a recibir prestaciones, las infraestructuras de bienes e inmuebles, la financiación del Estado de las obligaciones económicas y las disponibilidades presupuestarias que comportaría el traspaso, así como la dirección, coordinación y control de los sistemas de procesamiento de datos y la función interventora en la materia.
Los políticos catalanes reclaman que el pago de las prestaciones atrasadas reconozca de oficio los intereses de demora, como reconocimiento al perjuicio causado a miles de personas trabajadoras que han estado meses sin ingresos. Y revertir "inmediatamente" la decisión de recortar 215 millones de euros del fondo de la Conferencia Sectorial de Empleo destinado a Cataluña para implementar políticas activas de ocupación al 2020.
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