ERC quiere prioridad en los convenios de ámbito autonómico

  • ERC quiere que los convenios colectivos se apliquen de acuerdo con lo que establezcan empresarios y representantes de los trabajadores, pero que tengan prioridad los de carácter autonómico, según una de las enmiendas parciales a la reforma laboral.

Madrid, 16 abr.- ERC quiere que los convenios colectivos se apliquen de acuerdo con lo que establezcan empresarios y representantes de los trabajadores, pero que tengan prioridad los de carácter autonómico, según una de las enmiendas parciales a la reforma laboral.

En total, ERC ha presentado hoy 60 enmiendas a la reforma cuando se cumple en el Congreso de los diputados el plazo de presentación de las enmiendas al texto de la reforma.

El Pleno del Congreso rechazó el pasado jueves las cinco enmiendas a la totalidad que habían presentado los grupos del PSOE, Izquierda Plural (IU-Cha-ICV) y UPyD y los partidos ERC y BNG.

ERC también propone un contrato "para la transición juvenil" con el que trata de recuperar la "devaluada y desprestigiada" figura del aprendiz mediante la flexibilización, la dotación de mayores garantías para los aprendices y mediante un tutelaje responsable durante todo el proceso.

El contrato será para trabajadores mayores de dieciséis años y menores de veintiuno que carezcan de la titulación o del certificado de profesionalidad requerido para un contrato en prácticas, con una duración mínima de seis meses y máxima de tres años, salvo que se pacte otra en convenio.

Además, cuando expire la duración máxima del contrato para la transición juvenil, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa.

La retribución del trabajador contratado para la transición juvenil será durante el primer año del contrato la fijada en convenio colectivo, sin que pueda ser inferior al salario mínimo interprofesional, y se fijará mediante convenio para el segundo año.

Respecto a la intermediación laboral, ERC defiende la actuación de las empresas privadas, pero sin que puedan "desnaturalizar la esencia pública de los servicios de intermediación" y siempre que dicho servicio no tenga costes directos ni indirectos para las personas beneficiarias de los servicios.

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