El caso de los ERE de Andalucía, por el que la Fiscalía Anticorrupción solicita 10 años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y 10 de inhabilitación para su predecesor, Manuel Chaves y la que fuera, entre otras cosas, Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía y Ministra en los Gobiernos de ZP, Magdalena Álvarez, se disputa con el 'caso Malaya', el del saqueo de Marbella, el dudoso honor de ser el segundo mayor caso de corrupción de la historia de España, con un montante total sustraído a las arcas públicas de unos 2.400 millones de euros.
La medalla de oro en esta clasificación de la ignominia de la corrupción en España los ostenta el expolio de Catalunya protagonizado por la familia de Jordi Pujol y la antigua CiU, que habría sustraído de las arcas públicas 3.000 millones de euros desviados a paraísos fiscales. Un montante asombroso, pero que según todas las informaciones podría subir exponencialmente en las próximas fechas, según avancen las investigaciones judiciales y policiales en curso.
Le sigue, ahora hablamos de los ERE, el 'caso Malaya'. El saqueo iniciado por Jesús Gil en 1991 como alcalde de Marbella continuó después de mano de su número dos y líder de la trama, Juan Antonio Roca, y de Julián Muñoz, no finalizó hasta 2005 con una factura total de 2.400 millones de euros en comisiones y blanqueo de capitales.
El caso, ya juzgado, supuso la disolución del Consistorio en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de mayo de 2007, en las que ganó el PP y puso fin a la era de Jesús Gil. En la operación, que se desarrolló en Marbella, Málaga, Madrid, Murcia, Cádiz y Huelva, se practicaron números registro en los que se intervino entre otros efectos, obras de arte de pintores de enorme prestigio, caballos de pura raza, armas de gran valor, vehículos de lujo, un helicóptero y cantidades de dinero por un valor global de 2.400 millones de euros.Los ERE y los cursos de formación
Los otros dos casos en cabeza son los descubiertos por la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya. En marzo de 2011, Ayala abrió la investigación contra altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, empresarios y representantes sindicales por el fraude de los EREs falsos: La concesión de ayudas sociolaborales, supuestamente fraudulentas, por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010. Cinco años y medio después de iniciada la causa, suma un fraude de 2.400 millones de euros.El comunicado del PSOE defendiendo a Chaves y Griñán está firmado en "Sevilla, Thursday, 15 de September" pic.twitter.com/SRUvXsNUHh— Manuel Marlasca (@manumarlasca) 15 de septiembre de 2016
A raíz de esta investigación, la juez también desveló el desvío de dinero público destinado a los cursos de formación, con 2.000 millones de euros, según las cifras aportadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). Púnica, Gómez de la Serna, Gúrtel, Imelsa...
Por debajo de estas cifras se sitúan dos de los principales casos donde están involucrados políticos del Partido Popular, el que investiga a la llamada trama Púnica por cobrar comisiones por contratos públicos en Madrid, Valencia, Murcia y Castilla-León, con un coste total de 250 millones de euros, y el 'caso Gürtel', que en sus ramas de Madrid y Valencia suma 150 millones de euros defraudados.
En el caso que ocupa al ex tesorero del PP, Luís Bárcenas, estaríamos hablando de 50 millones de euros, y a éste le siguen el 'caso Palau' (35,1 millones de euros), Acuamed (25 millones), el 'caso Nóos' (16,06), donde estaba implicado el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín y que ya ha sido juzgado, y las 'tarjetas Black' de Bankia (15,23).
Una factura de la corrupción que aún no está cerrada y sigue sumando cifras a medida que transcurren los días. Por ejemplo en los casos 'Taula' e 'Imelsa', donde podría estar implicada la cúpula del PP valenciano, el Supremo ya investiga a Rita Barberá, o las presuntas comisiones cobradas por el ex diputado del PP, ahora en el grupo mixto, Pedro Gómez de la Serna y el ex embajador español en la India, Gustavo de Arístegui. Aquí, los cálculos de la Fiscalía Anticorrupción hablan de comisiones cobradas por contratos públicos en el extranjero por decenas de millones de euros.
Un ránking, en fin, ignominioso y que suma una factura que se acerca, contando otros casos menores, a cerca de 12.000 millones de euros. Casi el presupuesto del Ministerio de Defensa en dos años. Una clasificación en la que PP atesora el 49% de los casos de presunta corrupción en España, y donde detrás queda el PSOE, con 30% de los casos recabados, hasta el 5% de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya.
Pero por partidos, esta Liga de la corrupción da un vuelco y estaría comandada por el PSOE, 4.400 millones, la antigua CDC con 3.000 y a bastante distancia el PP con 600 millones.
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