El escándalo de los ERE y un duro curso económico: el temible otoño de Sánchez

Las alegrías en casa del pobre suelen durar bien poco, básicamente lo que tardan en aparecer las malas noticias. El PSOE y su correspondiente Gobierno apoyado en Unidas Podemos, es hoy un partido “pobre” en resultados electorales y mucho más aún en resultados económicos. Aunque aspira a hacerse “rico” cambiando los datos de la inflación (10,8 %), algo nada sencillo de lograr; cobrando más impuestos, algo nada bueno para el bien común; y bajando los precios de la energía, algo casi imposible; tampoco debe olvidar la necesidad imperiosa de buscar el apoyo de los ciudadanos de cara a las futuras elecciones del mes de mayo de 2023.

Pero para ello hay que dar algunas alegrías al bolsillo de los votantes, y sobre todo afrontar un terrible fin de curso político con el juicio de los ERE como espada de Damocles, sin olvidar que casi todos los indicadores económicos van en contra de los objetivos del Ejecutivo. Los felices datos del mercado laboral -los más bajos desde el verano de 2008- no consiguen levantar el tono ni brillar lo suficiente, y menos cuando estos registros se han visto empañados por las profecías agridulces de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y el ministro José Luis Escrivá. Ambos han puesto el freno a la hora de valorar los escenarios futuros, ya que los índices oficiales apuntan hacia un marco de “máxima incertidumbre”; incluso Escrivá se atrevió a afirmar que existe “cierta ralentización en el empleo”, puesto que desde el 15 de julio las cifras no repuntan sino que van a la baja.

Cuando la bandeja de los problemas estaba servida y llena, y se intentaba capear el temporal con actos vistosos -aunque poco efectivos- como el encuentro de la OTAN, llegó la mala hora de los ERE. La doble condena de seis años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla, y ratificada por el Tribunal Supremo, al expresidente andaluz José Antonio Griñán por un delito de malversación de caudales públicos –además de la prevaricación que comparte con su predecesor en el cargo Manuel Chaves– es el argumento que confirma que en el PSOE se ha producido uno de los mayores escándalos de corrupción política de la historia reciente de España.

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Chaves y Griñán son los protagonistas directos de este lamentable acontecimiento, dada su responsabilidad gubernamental, pero la lista de condenados es larga, más de quince, y todavía hay procedimientos y personas pendientes de juicio. Todo ello por desviar 680 millones de euros en un fraude millonario de ayudas falsas a empresas. Lo más grave es que el dinero que iba destinado a miles de trabajadores de Andalucía se decidió entregarlo bajo mano a los afines y compañeros de partido para desarrollar una red clientelar que beneficiase al PSOE y a sus gobernantes, y también a las múltiples “ayudas” directas recibidas por los familiares y amigos de los propios sancionados y encausados; sin olvidar las grandes juergas con mucha cocaína y no pocas copas que algunos socialistas se montaron con cobro al Estado.

Pedro Sánchez puede decir, ante un ejercicio de postureo impropio de un presidente de Gobierno, que en este caso “pagan justos por pecadores” y negar la evidencia ante los tribunales de Justicia, aunque él sepa perfectamente, porque el propio Sánchez los apartó del partido cuando llegó al poder, que Griñán y Chaves son responsables y culpables de los actos que se les imputan, y están pendientes de que se pronuncie el recurso del Tribunal Constitucional, con la esperanza de que se dicte una justa resolución y no un pasteleo jurídico-político, cuya sospecha recae también en la posibilidad de un indulto del Gobierno, a pesar de que el código ético del partido niega toda medida de gracia a los cargos públicos condenados por corrupción.

Para calibrar la magnitud de los hechos, baste como ejemplo que para los fiscales del caso «ni uno solo de los expedientes que obran en la causa cumplió con los requisitos previstos» en el procedimiento reglado; y en el juicio quedó acreditado que los dos presidentes de la Junta eran conscientes del uso de un proceso irregular para alterar la finalidad legítima del erario público de todos los andaluces. Ante estas pruebas no basta con decir que Chaves y Griñán no se llevaron ni un céntimo; los amigos del partido, y algunos parientes cercanos, sí se beneficiaron de decenas de millones de euros.

Así las cosas, el actual presidente del Gobierno de la nación, no tiene nada fácil repetir su exitosa fórmula de acusar a los demás, en concreto al Partido Popular, de ser ellos los líderes de la corrupción política, habiendo utilizado incluso una moción de censura para derrocar a Mariano Rajoy, mientras ahora se demuestra claramente que el PSOE se ha beneficiado de manera ominosa del reparto arbitrario de más de 680 millones de euros. Todavía no hay encuestas que reflejen el sentir de la sociedad respecto a esta condena en firme de los ERE, pero sin duda no serán nada satisfactorias para los intereses socialistas. La peor noticia en el peor momento. Y todo ello después de acusar a los demás de corruptos.

A Pedro Sánchez se le nota una escasa pericia a la hora de gobernar con rectitud e inteligencia los múltiples problemas de la nación; se comprueba mucho más que su habilidad política reside sobre todo en su capacidad de “resistir”, de dedicarse a contraatacar a la oposición más que en gobernar desde sus cualidades y autoridad. Lo de pensar en grandes soluciones para mejorar la vida de los españoles es una tarea demasiado compleja que al parecer no va con este Gobierno, que sigue errático, dividido internamente, y viajando a remolque de los acontecimientos, nunca lleva la iniciativa. Sólo en una actividad destaca y lleva la delantera: en subir los impuestos, pero no en bajarlos a los ciudadanos o reducir las subidas de la inflación en los tramos del IRPF.

La decisión del pasado jueves que presentaron el PSOE y Podemos de colocar nuevos impuestos al sector energético y a la banca, no deja de ser, sobre todo, una cortina de humo para tapar el amargo problema de los ERE y otras cuestiones desafortunadas. Intentando “castigar” de cara a la galería a los ricos, cuando a quien se castiga realmente es a cientos de miles de pequeños ahorradores que ven como sus escasos beneficios caen en picado, y ponen a su vez en peligro a los consumidores que deberán afrontar de algún modo el incremento de esos impuestos, por mucho que el Gobierno diga que todo está controlado y bien controlado. Estos impuestos tendrán un efecto contraproducente sobre la actividad económica y la creación de empleo, y para nada servirán a la hora de combatir la inflación. Además, está por ver que tengan un encaje constitucional, ya que las grandes corporaciones ya tributan por sus beneficios, y no sería la primera vez que la Justicia dictamina en contra del Gobierno.

Esta promesa de “castigar” a la banca y a las eléctricas era una vieja reivindicación de Podemos que Sánchez robó a sus “socios” anunciándola como suya en el debate del estado de la Nación. Más que buscar soluciones a los problemas reales, el presidente sigue empeñado en corregir sus malos datos en las encuestas a base de criticar a todo el mundo que discrepe de sus medidas, a los que además responsabiliza de sus desgracias, y de paso sigue incrementando su extremismo de izquierdas, que pretende salvar los muebles ante el panorama tétrico que se avecina. Sin embargo, con esta actitud de desconfianza y descontrol lo único que provoca es una mayor inseguridad jurídica, lo que suele llevar consigo la llegada de menos inversores y menos dinero, ya que todos desconfían de las garantías del país.

Todavía brilla el sol de julio y agosto, más que nada por el calor que no cesa, y no tanto por los buenos augurios económicos, pero el frío invierno no tardará en llegar, y con él habrá que analizar las noticias del impacto económico que se avecina, y comprobar si este Gobierno ha hecho bien sus deberes con la sociedad a la que debe servir y que en breve será la que deba votarle; o, en cambio, se ha dedicado a poner goteras y parches (además de subir impuestos) sin un objetivo claro y un mayor beneficio para los ciudadanos debido a que en Moncloa -todo parece indicar- que no saben qué hacer realmente para mejorar la vida de los españoles… ni tampoco la de Putin.