Propuesto como ministro de Seguridad Social

Hacienda reclamó impagos del IVA a una sociedad familiar gestionada por Escrivá

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, presenta un estudio
El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, presenta un estudio
Europa Press - Archivo

José Luis Escrivá, propuesto por Pedro Sánchez como nuevo ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, gestionó una sociedad familiar sancionada por Hacienda por impagos del IVA durante cuatro ejercicios fiscales, entre los años 1996 y 1999, según la documentación a la que ha tenido acceso La Información. El hasta ahora presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) representaba a su madre, Mercedes Belmonte, en la firma Courbasa S.A., empresa propietaria de unos terrenos en Madrid que fueron transferidos en una junta de compensación por un inmueble sobre el que no se pagó el correspondiente tributo.

El acta de disconformidad por la revisión del IVA incoada por la Inspección de Tributos está fechada a 17 de octubre de 2001. En ella se estipula que la sociedad familiar de los Escrivá, de la que él era vicepresidente, no ingresó el tipo impositivo que se fijaba para una permuta de los terrenos por importe de 87 millones de pesetas. Los intereses de demora ascendieron a 27 millones, por lo que la cantidad que le reclamó Hacienda fue de 114 millones, el equivalente a 685.083,96 euros. La Agencia Tributaria llegó a ofrecer la posibilidad a la sociedad gestionada por Escrivá de abonar el pago solicitado en cuotas mensuales sin intereses entre 2002 y 2006.

La disconformidad, según explican fuentes del entorno del futuro ministro Escrivá, fue motivada por una diferencia de criterio entre ambas partes. La sociedad consideraba que se trataba de una compraventa y la Inspección consideró que era una permuta y, por tanto, estaba obligada a devengar el tributo y realizar el correspondiente ingreso en la Hacienda pública. 

Según las cuentas oficiales presentadas por la propia sociedad familiar de los Escrivá y firmadas el 27 de marzo de 2002, la "Inspección de Tributos incoó acta de disconformidad el 17 de octubre de 2001 por la revisión del IVA de los ejercicios 1996 a 1999". Las citadas cuentas insisten que este acta consideraba "que los derechos que corresponden a los partícipes de una Junta de Compensación, a cambio de asumir la totalidad de los gastos imputables y de la cesión posterior de la superficie construida, tiene el tratamiento tributario de permuta y un tipo impositivo del 16%".

Sobre la base de este criterio, la Agencia Tributaria entendió que la cuota no ingresada por la sociedad "asciende a 87 millones de pesetas y los intereses de demora a 27 millones de pesetas". "El resto de los tributos a los que estaba sujeta la sociedad quedaban pendientes de inspección, dentro de su periodo de prescripción", según reconocía el escrito de las cuentas depositadas en el registro por Courbasa S.A.

El litigio llegó al Tribunal Supremo

Las fuentes del entorno de José Luis Escrivá añaden que las discrepancias con Hacienda desembocaron en un recurso posterior ante los tribunales de justicia. El litigio llegó incluso a instancias del Tribunal Supremo, el cual declinó pedir responsabilidades subsidiarias para todos aquellos administradores de la firma -posteriormente denominada Quantía Inversiones S.A., en 2003- contra los que se habían presentado las denuncias previas.

Con todo, y de acuerdo con las sentencias del alto tribunal consultadas por este diario, las actuaciones inspectoras se iniciaron en octubre del año 2000 por las citadas deudas tributarias del IVA correspondientes a los ejercicios comprendidos entre los años 1996 y 1999 y que ascendieron a 550.633 euros. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal falló en sendas sentencias de enero y marzo de 2013 que no existía responsabilidad subsidiaria en lo que respecta al ejercicio de 1996.

Pedro Sánchez tiene la práctica totalidad de su futuro consejo de ministros nombrado. Solo le falta completar dos o tres carteras: Justicia, Cultura y, si continúa siendo un ministerio, Política Territorial. En los últimos días, de hecho, Moncloa ha inspeccionado currículums de los ministrables, intentando evitar que hechos del pasado pudieran provocar problemas a sus titulares. El objetivo era evitar otro 'caso Màxim'.

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