El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha planteado desincentivar los contratos de muy corta duración con una sobrecotización creciente en función del número de bajas a la Seguridad Social por trabajador que una empresa realice al cabo de un mes. Es una de las reformas que el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas y que Escrivá ha detallado este martes en rueda de prensa.
En la actualidad, los contratos de menos de siete días de duración ya cuentan con una sobrecotización del 40%, aunque el ministro ha considerado que no ha dado el resultado que se esperaba, por lo que hay que mejorar su diseño y establecer una penalización más significativa que tenga en cuenta el número de trabajadores que se dan de baja. "La clave está en desincentivar en el caso de que al mismo trabajador se le dé recurrentemente de baja", ha afirmado.
La medida, todavía en fase de diseño temprana, servirá para atajar el abuso de los contratos cortos después de que en 2019 hubiera más de 27 millones de bajas a la Seguridad Social, de las que una de cada cinco tuvo una duración de un solo día. Además un tercio de esas bajas duraron menos de cinco días, por el llamado "efecto viernes", que consiste en dar de baja a los trabajadores durante el fin de semana.
El plan recoge asimismo la puesta en marcha de un mecanismo de flexibilidad interna en el empleo de forma permanente, parecido a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) puestos en marcha durante la pandemia y que seguirá contemplando la exoneración de las cuotas sociales de los trabajadores. El nuevo sistema tendrá dos partes: un mecanismo de flexibilidad interna y un mecanismo de transición. El primero permitirá minimizar el recurso al despido, salvaguardar el vínculo contractual con la empresa, reducir la elevada contratación temporal y reforzar la formación de los trabajadores durante el período de baja actividad.
El mecanismo de transición facilitará la movilidad de los trabajadores sin necesidad de pasar por el desempleo e incorporará la formación de los trabajadores para incrementar su capital humano, favoreciendo la transición hacia otras empresas y sectores, lo que se espera que contribuya a reducir el paro estructural. Escrivá ha considerado que la mitad de los alrededor de 600.000 trabajadores que siguen en ERTE se encuadran en servicios de comidas, bebidas y alojamiento, y que es posible que estas actividades se vean afectadas por cambios estructurales que podrían afrontarse a través de este nuevo mecanismo.
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