España circunscribe la petición de detención de expolicías al ámbito judicial

Madrid, 19 sep.- El Gobierno español situó hoy en el marco estrictamente judicial la petición de una jueza argentina de que sean detenidos cuatro expolicías supuestamente implicados en casos de represión durante el franquismo.

La jueza María Servini de Cubría dictó ayer una orden de busca y captura a través de Interpol contra cuatro antiguos integrantes de las fuerzas de seguridad españolas durante la dictadura franquista (1939-75): Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño".

La resolución de la juez solicita su detención para tomarles declaración indagatoria y, según el abogado de los querellantes Máximo Castex, incluye un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.

A este respecto, el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, no se pronunció hoy sobre la aplicación de esa orden de detención y dijo que el caso ha de encuadrarse en el ámbito judicial.

"Pienso que eso es un tema que en todo caso tiene que ver con la cooperación judicial y que afecta fundamentalmente al ámbito de la justicia", dijo a los medios en el Congreso de los Diputados.

Mientras el ministro hacía esas declaraciones, representantes de asociaciones de víctimas del franquismo mostraban en Madrid su alegría por la orden de la jueza argentina.

Lo que está en debate es si la ley de amnistía aprobada en España en 1977 puso fin a la posibilidad de procesar a personas por cualquier delito cometido antes por agentes de la dictadura.

El 15 de octubre de 1977 fue aprobada la Ley de Amnistía que, entre otros aspectos, afectaba a los delitos de intencionalidad política perpetrados antes del 15 de diciembre de 1976.

Una de las abogadas de la causa, Ana Mesuti, dijo en rueda de prensa que los cuatro expolicías están acusados de un delito de torturas, un crimen de lesa humanidad y por tanto "imprescriptible".

La causa fue abierta en 2010 por la jueza María Servini de Cubría con la intención de aclarar "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que abarca el periodo de julio de 1936, cuando se produjo el levantamiento militar, al 15 de junio de 1977.

De algún modo la línea seguida por la magistrada argentina sigue la emprendida en 1998 por el juez español Baltasar Garzón cuando dictó una orden contra el exdictador chileno Augusto Pinochet por la tortura y muerte de ciudadanos españoles durante su mandato, con argumentos como que ese tipo de crímenes no podían prescribir.

En 2009, el Parlamento español limitó el concepto de jurisdicción universal que el propio Garzón había invocado y que en 2005 había confirmado el Tribunal Constitucional.

Garzón ya quiso investigar los crímenes del franquismo, lo que le valió un juicio en el que finalmente fue absuelto del delito de prevaricación, por considerar (seis jueces contra uno) que su decisión fue "errónea" pero no prevaricadora.

El Tribunal Supremo español, al absolver a Garzón, argumentó también que la ley de amnistía de 1977 "fue promulgada con el consenso total de las fuerzas políticas" y "tuvo un evidente sentido de reconciliación, pues la transición española exigió que todas las fuerzas políticas cedieran algo en sus diferentes posturas".

Entre las reacciones, la izquierda parlamentaria española saludó hoy con satisfacción el auto de la jueza argentina, que ve positivo para la democracia española.

Mientras tanto, el grupo de trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU visitará España por primera vez la semana próxima y víctimas del franquismo aprovecharán para solicitar que intervenga el Tribunal Penal Internacional.