España clama justicia para jesuitas asesinados durante guerra en El Salvador

  • España continúa clamando justicia por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de nacionalidad española, que fueron asesinados hace 24 años durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992).

Magdalena Flores

San Salvador, 16 nov.- España continúa clamando justicia por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de nacionalidad española, que fueron asesinados hace 24 años durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992).

"Hacemos una llamada a las autoridades judiciales salvadoreñas y sobre todo al Estado salvadoreño para que se haga justicia y para que no quede impune un asesinato tan horrible, que no fue solamente de cinco jesuitas españoles; había un sexto jesuita salvadoreño, una mujer y su hija de 15 años también asesinada", dijo a Efe el embajador de España en este país, Francisco Rabena.

Este 16 de noviembre se conmemoran 24 años desde que miembros del Ejército salvadoreño ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), donde mataron a los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno.

Además, asesinaron al jesuita salvadoreño Joaquín López y a dos empleadas domésticas salvadoreñas que trabajaban con los religiosos, Elba Julia Ramos y su hija Celina.

Cada año cientos de estudiantes y feligreses se reúnen en el recinto universitario para rendir tributo a los "mártires de la UCA" con diferentes actos culturales y religiosos y, sobre todo, pedir justicia para ellos, que lucharon por el cese del conflicto armado y contra las injusticias en El Salvador.

Es "lamentable que no habido resultados" en todos las intentos que se han hecho, tanto por parte de la justicia española como de organismos independientes, para esclarecer esa masacre perpetrada el 16 de noviembre de 1989, indicó Rabena.

En 2011, el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco pidió la extradición de 15 de los 20 militares salvadoreños implicados en la masacre tras admitir en 2009 una querella presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) de EEUU.

Sin embargo, el 8 de mayo de 2012 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador denegó la extradición a España de 13 de los 15 militares incluidos en la petición de Velasco; los otros dos viven en Estados Unidos.

También, la UCA y familiares de las víctimas pidieron a la justicia de El Salvador esclarecer la masacre, pero no tuvieron éxito y acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH recomendó en 1999 al Estado salvadoreño "realizar una investigación completa, imparcial y efectiva, de forma expedita conforme a estándares internacionales a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de las violaciones encontradas, sin perjuicio de la amnistía decretada" en 1993 por el Parlamento.

El Estado y la Fiscalía salvadoreña "saben que ahí está la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tienen que responder", dijo a Efe el actual rector de la UCA, Andreu Oliva.

Destacó que la impunidad tras el fin del conflicto armado "sigue igual" en el país, no sólo en el caso de los jesuitas, sino en todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante la guerra civil salvadoreña.

"Como en el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero (1980), y las masacres de El Mozote (1981) y el Sumpul (1980), realmente pasan los años y no avanzamos, la impunidad sigue", agregó.

Señaló que la reciente admisión de un recurso de anulación contra la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional abre la posibilidad para que de una vez por todas se haga justicia en estos casos.

La Sala de lo Constitucional de la CSJ admitió el 20 de septiembre pasado la demanda que busca anular la Ley de Amnistía, interpuesta por varios organismos de derechos humanos.

La Ley de Amnistía protege a los miembros del Ejército y la extinta guerrilla salvadoreña que combatieron durante el conflicto armado y cometieron crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a organismos humanitarios salvadoreños.

La admisión, "abre una esperanza para El Salvador de acabar con la impunidad y volver a lo que se estableció en los Acuerdos de Paz y con la Comisión de la Verdad, que los casos más notorios sean investigados, sean esclarecidos y se lleven a los tribunales", indicó Oliva.

"Siempre hemos buscado que funcione la institucionalidad de justicia de El Salvador", añadió el rector de la UCA.

Es importante que los casos sean tratados en el país porque "ocurrieron en El Salvador (...) y no pueden ser todos tratados a nivel internacional, sino que lo importante es que funcione el sistema de justicia salvadoreño", enfatizó.

La "primera opción" para España en el caso de los jesuitas es que El Salvador "haga justicia y que verdaderamente todo el mundo pueda descansar tranquilo", concluyó el embajador Rabena.

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