Es como el cuento de la cigarra y la hormiga, pero con kilovatios y uranio. España construyó a partir de la década de los años 80 un parque nuclear del que quedan siete reactores en funcionamiento. El Gobierno quiere cerrarlos entre 2025 y 2035. Pero hay un escollo. Existe un gran desfase entre el dinero disponible para hacer frente al complejo trabajo de desmantelamiento y lo que exige el proceso. España no está bien preparada: la financiación disponible no alcanza el 30% de la necesaria. El porcentaje es el más bajo de los nueve países europeos occidentales para los que se dispone de información y solo los antiguos países del Este presentan porcentajes inferiores (ver gráfico).
La empresa pública encargada de gestionar los desmantelamientos, Enresa, ha recaudado de las eléctricas 5.326 millones, pero necesita más de 20.000 para un apagón que se extendería hasta 2085. Es todo un dilema para aplicar un plan de cierre pactado con las eléctricas -Endesa, Iberdrola y Naturgy- y que puede ser una de las pocas medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética que se mantengan aunque se acorte la legislatura.
La mala posición de España ante los planes para desmantelar su parque nuclear está detallada en documentos publicados por la Comision Europea (2016) con datos de Euratom. Según esos informes, España sólo supera en capacidad de financiación para desmontar sus instalaciones nucleares a los países que una vez estuvieron tras el Telón de Acero: Hungría, Lituania, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria y Croacia.
Un coste fijo
El problema es espinoso. El coste del desmantelamiento de las centrales es un coste fijo. Es independiente de los años de vida que esté operando la central y hay que añadirle, además, el coste total de gestionar unos residuos que sí dependen de los años de vida que esté en funcionamiento la instalación. El dinero no llega. Según datos de Enresa referidos a 2017, la energía nuclear generó en concepto de tasas 393 millones de euros y por rendimiento de los fondos disponibles 128 millones de euros adicionales, lo que supone un ingreso anual de 521 millones de euros. Insuficiente para hacer frente a los cierres.
Lo admitió hasta el Tribunal de Cuentas en el año 2015, cuando puso sobre la mesa la escasez de recursos de la empresa pública Enresa. El tribunal destacó otra circunstancia que ahora tendrá que corregir la empresa: desde el año 2010 no se han actualizado las tasas que se aplican a las centrales nucleares y que pagan las empresas propietarias, trabadas en una compleja red societaria y de acuerdos.
Enresa tiene que elaborar un nuevo plan de gestión de residuos para sustituir el que está en vigor y que tiene ya doce años. El nuevo plan revisará las tasas que pagan las eléctricas y para ello, estas tendrán que ponerse de acuerdo en el calendario de cierre de las centrales que comparten en propiedad.
La tasa actual está fijada en 6,69 euros por megavatio hora producido por las centrales. Según cálculos del sector eléctrico, si las plantas fueran a echar el cierre a los 40 años sería necesario prácticamente duplicar la tasa y elevarla hasta los 13 euros por MWh para cubrir el déficit de Enresa. Pero los planes del Gobierno amplían el margen de vida media de las instalaciones por encima de los 45 años, lo que abaratará la revisión de tasas para las empresas. Más vida para las centrales equivale a más tiempo para llenar la hucha y menos esfuerzo a corto plazo.
Ley polémica de 2012
Las dudas sobre las posibilidades de afrontar un cierre de nucleares sin problemas financieros no son de hoy, aunque siguen sin resolverse. El Preámbulo de la Ley 15/2012 de 27 de diciembre de medidas fiscales para la sostenibilidad energética reconocía el problema, pero lo descargaba en el conjunto de la sociedad. No sobre las empresas.
Según recogía la norma que defendió en su día el ministro de Industria José Manuel Soria (PP) "la valoración del coste total del desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión definitiva de los residuos radiactivos mantienen un alto grado de incertidumbre que, en última instancia, se trasladaría a la sociedad". El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, califica el preámbulo de "infame".
El tiempo apremia. Francisco Castejón, físico, miembro de Ecologistas en Acción y candidato de Podemos al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) explica que el almacén de residuos de alta actividad de El Cabril (Córdoba) está a punto de saturación (84%). Con el ATC de Villar de Cañas (Cuenca) paralizado y las piscinas de las instalaciones nucleares ocupadas -sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40%- el problema de los residuos crece. Y con el problema, la factura.
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