España continuará investigación de asesinato de cinco jesuitas en El Salvador

Madrid, 3 oct.- La Audiencia Nacional española dictaminó hoy que los tribunales de España son competentes para investigar por terrorismo y por lesa humanidad el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador en 1989, pese a la limitación de la aplicación de la justicia universal en el país.

Los veinte magistrados que integran el pleno de este tribunal superior acordaron por unanimidad que se siga investigando el caso de los jesuitas Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno.

El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional analizó hoy si la reforma de la ley de la justicia universal, aprobada en junio, impide al juez Eloy Velasco, instructor del caso, continuar con las investigaciones sobre el asesinato de los religiosos.

La reforma que limita la capacidad de un juez español a juzgar delitos cometidos fuera de España, fue aprobada por el Parlamento español con la mayoría absoluta del gobernante Partido Popular (centroderecha), lo que motivó el rechazo de otros partidos políticos y de asociaciones de la sociedad civil.

Pese a la reforma, Velasco decidió continuar con la causa por considerar que no impide proseguir con las investigaciones por el delito de asesinato terrorista y levantó el procesamiento a veinte militares salvadoreños que estaban acusados de lesa humanidad por considerar que la reforma de la ley de justicia universal le impedía incluir el delito de lesa humanidad.

De este modo, el juez sólo continuó con el procesamiento de los militares en relación a los asesinatos de las víctimas de nacionalidad española, por lo que quedarían fuera del caso los asesinatos de un jesuita y de dos mujeres, todos ellos salvadoreños.

Esta decisión del juez motivó un recurso de la Fiscalía, que pedía ampliar la investigación al delito de lesa humanidad.

Sobre esta cuestión, el pleno de la Audiencia Nacional entendió que el delito de lesa humanidad se refiere a los hechos y que, por tanto, si están procesados los militares salvadoreños por terrorismo, también deben estarlo por dicho crimen y el de genocidio.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de soldados del Ejército salvadoreño entró en la Universidad Centroamericana (UCA) de San Salvador, en noviembre de 1989, y mató a seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles y uno del país centroamericano.

Además del caso de los jesuitas, el pleno decidió también por unanimidad mantener abiertos los casos en los que se investiga el asalto a la embajada española en Guatemala en 1980, en el que murieron tres españoles, en conexión con el genocidio maya.

También dejaron abierto el caso de la muerte en Irak del cámara José Couso por disparos de militares estadounidenses y las presuntas torturas a cuatro expresos de Guantánamo.

No obstante, los magistrados aún no han entrado en el fondo de estos tres asuntos, es decir, no hay una decisión definitiva sobre el archivo o no de esas causas, ya que se limitaron a rechazar los recursos de queja de la Fiscalía sobre cuestiones de procedimiento.

De este modo, de momento los instructores de estos casos -Santiago Pedraz (Couso y Guatemala) y Pablo Ruz (Guantánamo)- pueden proseguir con las investigaciones.