España contra la pena de muerte y preocupada por el informe de AI

  • El Gobierno de España se reafirmó hoy en su posición contraria a la pena de muerte y acogió con preocupación las cifras publicadas por Amnistía Internacional (AI) sobre estas ejecuciones en 2011.

Madrid, 30 mar.- El Gobierno de España se reafirmó hoy en su posición contraria a la pena de muerte y acogió con preocupación las cifras publicadas por Amnistía Internacional (AI) sobre estas ejecuciones en 2011.

Este martes AI denunció el alarmante número de ejecuciones durante 2011 en los escasos países donde aún se aplica la pena de muerte.

Al terminar 2011 había unas 18.750 personas condenadas a muerte y al menos 676 fueron ejecutadas en todo el mundo durante el pasado año, sin incluir las miles que AI cree que hubo en China, un país que mantiene esos datos en secreto, o en Irán.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores destaca la preocupación de España por esas cifras y precisa que, aunque el número de países que la aplican se ha reducido en los últimos años, las ejecuciones en algunos países han aumentado y, a menudo, con una alarmante falta de garantías.

Para el Departamento, es "especialmente preocupante" la falta de transparencia de los países que más ejecuciones llevan a cabo.

Constata que España mantiene una posición firme en contra de la pena de muerte por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante, contraria a la dignidad del ser humano, además de carecer de efectos disuasorios probados en el comportamiento criminal, y de provocar efectos irreparables en caso de error judicial.

Prueba del compromiso de España en la lucha por la abolición global de la pena de muerte, añade, es la creación, en noviembre de 2011, de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, organismo independiente que reúne a expertos en la lucha por la causa abolicionista y que tiene su sede en Ginebra.

El Ministerio español recuerda que en 2013 Madrid acogerá la celebración del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, organizado por la sociedad civil.

Subraya que España seguirá, además, abogando por conseguir un apoyo creciente a la moratoria universal con ocasión de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo otoño de la tercera resolución sobre este asunto.

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