El Reino de España se enfrenta a una treintena de demandas de inversores internacionales por los recortes a las primas renovables aplicados a partir de 2010. La mayoría de los pleitos se han planteado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial con sede en Washington. El aluvión de demandas ha obligado al Estado a realizar un importante esfuerzo para la defensa en recursos económicos y humanos.
La factura es elevada. Se han gastado ya 50 millones, según fuentes de la Administración, y los resultados no son buenos. El Ministerio de Transición Ecológica, no obstante, ni confirmó ni el gasto en la estrategia de defensa en el Ciadi, ni valoró el estado de los pleitos, que atribuyó a las decisiones del Gobierno anterior. "No hay opinión, nos limitamos a actuar en defensa del Estado", señalaron fuentes oficiales.
El Estado ha perdido en el Ciadi ante los fondos Eiser (condena de 128 millones), Masdar (condena de 64 millones) y Antin (112 millones) y se ha salvado por los pelos en otra demanda -anulada- que perdió en la Cámara de Comercio de Estocolmo a favor del fondo Novoenergía. Muchos recursos, personal administrativo y abogados del Estado para unos malos resultados. España aún no ha pagado el importe los fallos del Ciadi -que no admiten recurso-. Pero el tiempo corre.
La factura que ha costado hasta ahora la defensa del Estado ante los fondos puede parecer poca cosa ante el importe del conjunto de las demandas, en torno a 7.500 millones; pero los gastos no paran de crecer.
Los inversores demandantes no cejan en su empeño de cobrar lo estimado por el Ciadi. Los fondos Eiser, Antin y Novoenergía han recurrido a la justicia de EE UU para que tome medidas y asegure con bienes del Estado español en el país el cobro de sus demandas. Ante la presión, la Administración española, según recogía 'El Periódico de la Energía', ha tenido que contratar a toda prisa al bufete estadounidense Foley Hoag para defender los intereses del Estado español en EEUU. La factura ascenderá, de momento, a 600.000 dólares.
Para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pro-renovable, la situación no es cómoda. Los recortes a las primas de las renovables comenzaron en la época de Rodríguez Zapatero como presidente, pero el grueso de las demandas caen en la cuenta de los Gobiernos del PP. Y la pelea legal no ha ido bien. Tampoco ha ido bien, según señalan fuentes de la nueva Administración, la gestión de los recursos empleados ante las demandas.
La Abogacía del Estado se enfrenta en las demandas del Ciadi a lo más selecto de la abogacía internacional. Cinco grandes despachos, con el británico Allen & Overy a la cabeza, dirigen la mayoría de los pleitos interpuestos en el órgano de arbitraje del Banco Mundial.
Los más activos son dos de los cuatro bufetes internacionales del denominado Círculo Mágico londinense. Se trata de Allen & Overy y Clifford Chance. Ambos, junto al despacho norteamericano Latham Watkins suman más de la mitad de los casos planteados. Son rivales de peso que han obligado al Ministerio de Transición Ecológica a estudiar nuevas estrategias.
La idea de los nuevos responsables del área de energía del Gobierno es apoyar la labor de los abogados del Estado con nuevos medios y replantear la gestión de los recursos humanos necesarios para hacer frente a la avalancha de pleitos. El panorama no es muy halagüeño. El Estado sólo cuenta a su favor con la doctrina de Bruselas sobre reclamaciones de grandes inversores internacionales.
Bruselas no admite los arbitrajes de las renovables a favor de inversores europeos y solo deja a salvo a las reclamaciones procedentes de inversores de fuera de la UE e incluso está revisando esa opción raíz del acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA).
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