España logra flexibilizar las exigencias europeas sobre la edad jubilación

Bruselas, 18 jun.- El Gobierno español ha logrado introducir cambios en las recomendaciones macroeconómicas de la Comisión Europea (CE) que permiten eludir la exigencia de retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, según el borrador del texto negociado en el Consejo al que ha tenido acceso Efe.

De esta forma se da a España la posibilidad de garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones a través del ajuste de la prestación por jubilación, en lugar de la edad de retiro.

Fuentes diplomáticas españolas han interpretado estas modificaciones como una "flexibilización" de las recomendaciones a España en materia de pensiones, que se aprobarán en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) del jueves y viernes próximos.

El nuevo texto recomienda "incrementar la edad efectiva de jubilación alineando la edad de jubilación o las prestaciones de pensiones a cambios en la esperanza de vida".

La recomendación previa de la CE establecía que "la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida", un cambio que España tenía que culminar como muy tarde a finales de 2013 a través de la regulación del factor de sostenibilidad.

Las fuentes diplomáticas indicaron que otros 15 países miembros han recibido la recomendación de subir la edad de jubilación o alargar la vida laboral.

El nuevo documento incluye otros tres cambios con respecto a las recomendaciones publicadas por la CE el 29 de mayo.

En lo que se refiere a la recomendación sobre la revisión sistemática del sistema tributario para marzo de 2014, el texto no solo pide que España considere una mayor limitación del gasto fiscal relativo a la imposición directa y del IVA reducido, así como medidas adicionales en cuanto a los impuestos medioambientales.

Ahora incluye también una mención "a los impuestos indirectos" sobre la energía, además de la que ya estaba para los impuestos sobre carburantes.

Los Veintisiete tienen previsto pedir además a España que cree un "observatorio independiente" que informe sobre la evaluación del futuro de proyectos de infraestructuras de gran envergadura, como las de transporte.

Por último, se ha querido aclarar que la adopción y la aplicación de la Ley de Colegios y Servicios Profesionales recomendada para antes de finales de 2013 es para "eliminar cualquier restricción injustificada al acceso y ejercicio de actividades profesionales".