España podrá ser denunciada ante la onu por las víctimas de desahucios y de las preferentes

Los ciudadanos afectados por desahucios o por las preferentes y los inmigrantes irregulares privados de atención médica pueden ya denunciar a España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ESC) de Naciones Unidas.
El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Francisco José Alonso, manifestó este jueves en rueda de prensa que, “por primera vez, va a existir un organismo internacional dedicado a la protección del derecho a una vivienda digna, a la educación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación y a la participación en la vida cultural”.
Explicó que esto es debido a la entrada en vigor del protocolo facultativo del Pacto por los Derechos ESC, que desde el 5 de mayo ya es aplicable en los 10 países que lo han ratificado.
Alonso indicó que gracias a la entrada en vigor del protocolo, “los ciudadanos podrán presentar demandas individuales contra España por la vulneración de estos derechos de nueva generación”.
El comité puede actuar de oficio y los Estados miembros del protocolo tienen la capacidad de denunciar a otro Estado miembro si conocen algún incumplimiento.
Argentina, España, Portugal, Eslovaquia, Bolivia, EL Salvador, Bosnia, Ecuador, Mongolia y Uruguay son los 10 países que hasta la fecha han ratificado el protocolo.
En principio, prosiguió Jiménez, la presentación de una demanda ante Naciones Unidas implica el agotamiento previo de todas las vías judiciales internas, aunque “la jurisprudencia repetida en ciertos temas, como los referidos a las preferentes”, justificaría la remisión directa de un caso a Naciones Unidas. El comité Abriría entonces una investigación si aprecia indicios, lo cual agilizaría el proceso de manera significativa.
Una vez analizados los hechos, este organismo podría pedir a España un cambio en su legislación, imponerle sanciones económicas (no superiores a 5.000 euros) o reclamar la prestación de un derecho vulnerado, como el acceso a una vivienda adecuada o a la sanidad.
Estas demandas deberán referirse siempre a una persona o grupo de personas determinados y solo se podrán presentar contra vulneraciones sucedidas a partir del 5 de mayo de 2013.