España reduce un 34 % los expedientes europeos por leyes de mercado interno

  • España redujo un 34 por ciento el número de expedientes abiertos por la Comisión Europea (CE) entre noviembre de 2007 y mayo de 2011 por infracciones en la adaptación de la normativa comunitaria sobre mercado interno.

Bruselas, 29 sep.- España redujo un 34 por ciento el número de expedientes abiertos por la Comisión Europea (CE) entre noviembre de 2007 y mayo de 2011 por infracciones en la adaptación de la normativa comunitaria sobre mercado interno.

En este periodo, todos los países salvo Bélgica consiguieron reducir el total de infracciones, según un informe sobre mercado interior publicado hoy por el Ejecutivo comunitario.

De media, los países de la Unión Europea disminuyeron los expedientes en un 28 por ciento.

La Comisión expedienta a aquellos países que no adaptan con la celeridad suficiente o de modo correcto su legislación nacional a las normas europeas sobre mercado interior.

De hecho, todos los estados transponen con un retraso medio de 5,5 meses las normas comunitarias en este ámbito -en el caso español el retraso medio es de 5,6 meses-.

España es, con 75 procedimientos de infracción abiertos hoy, el cuarto país más expedientado por la CE en este ámbito.

Solamente la superan Bélgica, con 101 infracciones, Grecia, con 81, e Italia, con 79.

De media, un procedimiento de infracción dura unos 24,7 meses desde que se abre hasta que se resuelve, si bien en el caso de España es algo más largo, de 26,2 meses.

Además, España mantiene todavía abiertos 41 casos que, en principio, ya habían sido resueltos por los tribunales y que, de media, se alargan otros 22,4 meses.

En toda la UE, estos casos no resueltos a pesar de contar con una resolución judicial se alargan de media 17,4 meses.

Según el informe, las autoridades españolas adaptan incorrectamente un 1,0 por ciento de las normas europeas de mercado interior, dos décimas más que el promedio de los Veintisiete.

Casi la mitad de los expedientes abiertos por la CE contra los estados miembros se debe a malas transposiciones en el ámbito de la fiscalidad y de la legislación medioambiental.

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