Cuando se forme un nuevo Gobierno, el dinosaurio todavía estará allí. Hay 45 pleitos interpuestos por grandes fondos de inversión por los recortes a las primas de las renovables de 2010 y 2013. La mayoría se dirimen ante los organismos de arbitraje del Banco Mundial. España se ha convertido en el segundo país más demandado del mundo por temas de comercio y desarrollo según los datos de Unctad, la agencia de la ONU sobre arbitrajes internacionales. El envite es brutal. El país se juega 8.000 millones y la credibilidad ante los inversores. Por eso, el nuevo Ejecutivo que forme Pedro Sánchez revisará la estrategia seguida hasta la fecha, según señalan fuentes al tanto del proceso.
La revisión del plan aplicado tendrá dos vías: una nueva retribución para las renovables hasta 2031 para "restablecer la estabilidad regulatoria" y el análisis de la logística con la que se ha hecho frente al alud de reclamaciones. La Abogacía del Estado tiene a su cargo la primera línea de defensa del Reino de España ante el organismo de arbitrajes del Banco Mundial -el Ciadi-, pero la gestión del proceso ha recaído en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE).
El nuevo Gobierno analizará esa doble vertiente. Como primera medida deberá volver a presentar el anteproyecto de ley que aprobó en enero para contentar a los fondos y evitar nuevos pleitos. Según las fuentes consultadas, el anteproyecto ha decaído con el fin de la legislatura, por lo que el nuevo Ejecutivo tendrá que resucitarlo. El anteproyecto daba la opción de mantener para las instalaciones renovables, de cogeneración o residuos con derecho a retribución primada, anteriores al Real Decreto Ley que recortó las primas a las renovables, la tasa de rentabilidad vigente del 7,503%.
Taponar la vía de agua
Taponar la vía de agua que abrieron los recortes a las renovables de 2010 (Gobierno de Rodríguez Zapatero) y de 2013 (Gobierno de Mariano Rajoy) es engorroso y caro. España ha gastado ya más de 50 millones, según fuentes de la Administración. Y los resultados no son buenos. Incluso ha tenido que contratar a toda prisa al bufete estadounidense Foley Hoag para defender los intereses del Estado español frente a acciones legales en EEUU.
España acumula ya media docena de laudos condenatorios e intenta rectificarlos o anularlos. De momento, no hay pagos. Pero las decisiones contrarias pesan como losas. Ha perdido dos laudos en la Cámara de Estocolmo -los interpuestos por los fondos Athena-Greentech, Goresight-GWM y la empresa NovEnergía- y cuatro en el Ciadi ante los fondos Antin, el británico Eiser, el fondo del emirato de Abu Dabi, Masdar y el último, Nextera Energy.
El panorama es sombrío. Sólo hay un punto de esperanza: Bruselas no admite los arbitrajes de las renovables a favor de inversores europeos. La Comisión Europea solo deja a salvo a las reclamaciones procedentes de inversores de fuera de la UE e incluso está revisando esa opción raíz del acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA).
Estrategia y logística
Pero el problema sigue ahí y urge revisar tanto la estrategia como la logística ante las reclamaciones. La Abogacía del Estado se enfrenta en las demandas del Ciadi a lo más selecto de la abogacía internacional. Cinco grandes despachos, con el británico Allen & Overy a la cabeza, dirigen la mayoría de los pleitos interpuestos en el órgano de arbitraje del Banco Mundial.
Los más activos son dos de los cuatro bufetes internacionales del denominado Círculo Mágico londinense. Se trata de Allen & Overy y Clifford Chance. Ambos, junto al despacho norteamericano Latham Watkins suman más de la mitad de los casos planteados. Son los rivales de peso que obligan a estudiar otras estrategias... y cruzar los dedos.
En medio de ese campo de batalla legal, minado por los gigantes del derecho, hay expertos españoles que tienen un papel destacado. Son la élite del derecho, formados en muchos casos como abogados del Estado. Tras pasar a la iniciativa privada, ahora defienden a clientes contra el Estado que un día defendieron. En su día, el diario El País informó que, en al menos 12 de los pleitos en marcha, abogados del Estado en excedencia asesoran a los reclamantes.
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